Susana Díaz negaba, entre aspavientos, el saludo al consejero de Hacienda que acaba de sacar adelante los Presupuestos para 2019. Los socialistas están enfadados, quizá porque sus rivales han conseguido hacer lo que ellos no pudieron, pero el rebote va más allá del mero rifirrafe parlamentario.

Tendrá que pasar el verano, porque aquí nadie, ni Gobierno ni oposición, parecen tener prisas en mostrar sus cartas, para hacer pronósticos sobre el alcance las turbulencias, aunque estos presupuestos ya contienen algunos elementos explícitos. Los Presupuestos sirven, entre otras cosas, para adaptar al corto plazo las políticas con pretensiones a largo plazo, es decir, las reformas estructurales. En el terreno de las políticas económicas habría que destacar tres capítulos.

El primero y más evidente es la liquidación de la concertación social. El baluarte de la resistencia socialista a la pinza de populares y comunistas a principios de los 90, que terminó revelándose como una sólida plataforma sobre la que levantar el sistema caciquil de legislaturas posteriores. Llegó a seducir a Zapatero, que fracasó en su intento de reproducirlo en España, a pesar de llevarse a su máximo representante, Manuel Chaves, como vicepresidente. Se desconocen las intenciones del nuevo gobierno, pero es probable que estén pensando en una reforma en profundidad del entramado institucional.

Las instituciones no son sólo organismos públicos, sino también, y sobre todo, el conjunto de normas y leyes que determinan como se asignan los recursos y como los individuos diseñan sus estrategias de progreso personal. Por ejemplo, frente al nepotismo, es decir, el enchufismo, está la alternativa del esfuerzo y el trabajo y cada uno de estos caminos conduce a modelos diferentes de sociedad.

El segundo capítulo es la política financiera, con dos apartados sobresalientes. Por un lado, los planteamientos fiscales del nuevo gobierno, ante los que cabe esperar una férrea, y quizá también suicida, oposición socialista. Por otro, la postura de Andalucía, todavía desconocida, sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. En este caso, la sólida posición personal de Díaz en defensa de un modelo equitativo y solidario podría facilitar que el gobierno asumiera el grueso de los planteamientos del anterior.

Por último, las políticas de oferta. El núcleo duro de las competencias autonómicas está en las políticas sectoriales (pesca, turismo, industria, etc.) y horizontales (medio ambiente, I+D, etc.), que son las que a largo plazo más influyen en la productividad y el empleo, aunque también en alguno de estos casos resulte difícil apreciar las intenciones de la Junta.

Hay otras opciones de análisis que, por el momento, descartamos. Por ejemplo, las políticas de bienestar, donde también se esperan nuevos planteamientos en materia de delimitación de los espacios propios del sector público y el privado (puede ser el caso de educación o sanidad). Nuestra intención, sin embargo, es dedicar las tribunas de las próximas semanas a indagar en lo que dicen los nuevos presupuestos sobre reformas institucionales, finanzas públicas y políticas de oferta.