La sentencia del TS, que establece la verdad judicial, tal es su potestad, cierra el tremendo episodio de las Eres con conclusiones contundentes: el Gobierno andaluz ideó y desarrolló entre 2000 y 2009 un sistema de concesión de ayudas laborales que tenía como objetivo evitar los controles administrativos. Eso le permitía actuar la margen de la legalidad manejando el dinero público con discrecionalidad. Muy en resumen esta es la sustancia de la sentencia defendida por los magistrados del tribunal que han examinado los recursos contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla, cuya argumentación se ve reforzada tanto argumentalmente como en las penas confirmadas, que salen como entraron del Supremo en el caso de los condenados más relevantes. Las condenas a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán son firmes. Nueve años de inhabilitación al primero por prevaricación y seis años de cárcel al segundo por malversación. La sentencia los considera actores "determinantes" en el caso.

Ciertamente, la sentencia del TS deja maltrecho el nombre de ambos expresidentes y establece un uso fraudulento del dinero público por las administraciones socialistas. Es una sentencia que no habrá defraudado a quienes mantienen desde hace décadas que el PSOE se ha sostenido en el poder por la red clientelar abonada con el presupuesto autonómico, convirtiendo este caso en una sinécdoque de más de 40 años de gobiernos socialistas. Pero los hechos judiciales son contundentes y le toca al PSOE y a los ex presidentes asumir las consecuencias.

Los dos votos particulares de esta sentencia en diferido de dos magistradas también son contundentes. Consideran que tanto Griñán como los otros cuatro ex altos cargos de la Junta ajenos a la Consejería de Empleo condenados a prisión no pueden serlo por malversación, delito que les valdrá la cárcel si no media un indulto. "Los indicios barajados no son unívocos y concluyentes, sino que construyen una secuencia incriminatoria a través de inferencias demasiado ambiguas y abiertas".

A juicio de las magistradas discrepantes se crean "incertidumbres" sobre los aspectos que conducen a la condena. Sostienen que no existen pruebas sólidas para acreditar los hechos que sustentan una actuación malversadora "más allá de meras especulaciones". Tan allá van en su voto, que añaden que los condenados prisión lo han sido "sin base probatoria para ello" y en virtud "de un supuesto dolo eventual que en ningún caso quedó acreditado". Las dos magistradas añaden que la condena se produce "sin soporte probatorio ni fáctico" por lo que consideran que se ha "vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia". Expertos juristas venían insistiendo en que no se puede condenar a alguien por malversación sin acreditar un hecho jurídico concreto del que se derive su responsabilidad penal. Ahora lo dicen también dos de las magistradas que han trabajado en el caso. Es cierto que otros tres magistrados opinan lo contrario aunque no acreditan hecho alguno. La condena por prevaricación cierra el caso con una lectura que no permite ambages. La condena por malversación queda profundamente desacreditada.

La porquería de Villarejo sigue contaminando

Pero lo de la corrupción va por barrios. Esta misma semana el magistrado García-Castellón ha abierto una investigación relativa a los llamados audios de la corrupción, basados en las grabaciones del excomisario Villarejo, cloaquero mayor del reino, cuyo influjo pestilente tiene en jaque al equipo de Interior con Jorge Fernández Díaz al frente del ministerio. En los audios, desvelados por El País, sale directamente señalada María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, quien de alguna manera conspiraba para destruir o manipular pruebas sobre la caja B del PP. La pieza separada del Caso Villarejo venía siendo reclamada por las acusaciones particulares. Lo extraño es que ninguno de los audios ha sido incorporado hasta ahora al sumario. Entre otros comportamientos, evidencian cómo se manejaban los máximos responsables de Interior con la llamada Policía Patriótica para imputar falsos delitos y desacreditar a dirigentes independentistas o a Pablo Iglesias. Cuando PSOE y PP proclaman enfáticamente que el caso que afecta al otro es siempre "el mayor caso de corrupción de la democracia" deberían mantener la calma y evitar las altisonancias y el ridículo.

Populistas europeos a favor de gravar a las energéticas

El PP está en su derecho de rechazar el impuesto especial a las grandes compañías dedicadas a la generación de energía y a los bancos, faltaría más. Solo que debería afinar la explicación. El argumentario sobre la decisión ideológica del gobierno bolivariano que odia al capital y demás adornos quedan en evidencia cuando la propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, defiende en la Eurocámara los impuestos extraordinarios al sector energético con el argumento de que "no puede ser que algunos obtengan unos beneficios extraordinarios y sin precedentes gracias a la guerra y a costa de los consumidores esas ganancias deben compartirse y canalizarse hacia quienes más la necesitan". El PP europeo apoyó en pleno la aprobación de ese tributo. Lo que en Europa es objeto de consenso, en España es para el PP "demagogia y falsedad" y en consecuencia consigo mismo votó en contra del impuesto. El Presidente del PP europeo, Manfred Weber fue más allá: "Los mercados están especulando contra la solidaridad europea". Europa se nos ha llenado de populistas de derechas. Solo se ha dado cuenta el PP. Por cierto: el balance del tope al gas durante tres meses arroja como balance una electricidad un 36% más barata que en Francia y 2.300 millones de euros de ahorro. Es la consecuencia de la llamada y criticada excepción ibérica.

La ultraderecha ya decide en Suecia

En el paraíso de la socialdemocracia europea la ultraderecha tiene la llave del gobierno, rompiendo la racha de gobiernos socialdemócratas en los países nórdicos. Los llamados Demócratas de Suecia (SD), un partido antiinmigración y con todo el paquete básico de la xenofobia instalado -euroescéptico, nacionalista, homófobo y con algún coqueteo con el nazismo- ha sido el segundo en votos: el 20,6%. Los socialdemócratas ganaron con un 30,4% pero el bloque de derechas va a pactar contando con los ultraderechistas pese a que durante la campaña dijeron lo contrario. Gobernará la derecha moderada, que quedó en tercer lugar con el SD ya veremos si desde fuera o con ministros. En la vecina Dinamarca ha habido experiencias similares durante años. La derecha moderada se apoya habitualmente en el Partido Popular danés, el DF - "partido utilitarista étnico nacional"-, que es la ultraderecha populista danesa. Su líder, Rasmus Paludan, quien ha llegado a quemar un Corán, se presenta como "soldado de la libertad, luz de los daneses". La cosa está así: la ultraderecha europea ya está en seis gobiernos y 22 parlamentos. Lo que parecía utópico hace unos años es hoy una terrible realidad. Allá donde gobiernan o influyen los ultras las leyes antiinmigración se endurecen hasta el límite, los derechos fundamentales se ven amenazados y las políticas de protección climática se diluyen. Tres cuartos de lo mismo ocurrió en Noruega con el Partido del Progreso: libertarios, xenófobos y añadan la lista habitual de filias. La ultraderecha de nuestro país tiene un perfil diferente. Pero la mayoría de sus políticas son coincidentes. Pendientes de España en el próximo ciclo electoral.