En 2021 se aprobó la primera parte de la reforma de las pensiones cuyo objetivo era su sostenibilidad y suficiencia. Los dos cambios fundamentales fueron la revalorización de las pensiones con el IPC y la eliminación del factor de sostenibilidad, que ligaba las pensiones a la evolución de la esperanza de vida. También se introdujeron otras medidas como la creación de incentivos para alargar la vida laboral y penalizaciones a las jubilaciones anticipadas. El resultado de las medidas fue un gran aumento del gasto sin compensación en los ingresos y un mayor deterioro de la sostenibilidad de las pensiones. Las medidas duras, de alto costo político, se pospusieron a la segunda fase de la reforma.

No obstante, las reformas pospuestas quedaron escritas y comprometidas en el componente número 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia firmado en Bruselas. Más de 140.000 millones de euros dependen de su cumplimiento. Los compromisos recogidos en el plan para reducir el gasto y aumentar los ingresos son : adecuar (prolongar) el periodo de cómputo en años para el cálculo de la pensión de jubilación; aumentar las bases de cotización destopando las cotizaciones de las pensiones máximas; y por último, convertir en automático y suficiente el mecanismo de equilibrio intergeneracional (MEI) que sustituyó al factor de sostenibilidad.

Las reformas exigidas por Bruselas son tan concretas que tienen difícil escape y maquillaje en su respuesta. De su cumplimiento a 31 de diciembre dependerá que España reciba el próximo desembolso del Next Generation. El lunes pasado, el Gobierno envió su propuesta de reforma de las pensiones a los agentes sociales. Hasta ese día ni una sola propuesta, ni un solo papel. Tres son los aspectos fundamentales de la propuesta. Primero, ampliación del periodo de cálculo de las pensiones de jubilación de 25 a 30 años, pudiendo excluirse del cómputo los dos años menos favorables. La adaptación será en varios años. Segundo, la cotización de las pensiones máximas se incrementarán anualmente en el IPC más un factor del 1,154. Las pensiones máximas se revisarán al alza, pero en menor medida. El factor de equidad intergeneracional se prolonga hasta el año 2050, 18 años más. La propuesta también recoge aspectos como la compensación de las lagunas de cotización de trabajadoras, trabajadores y autónomos por causas contempladas por la ley.

Todos los partidos de extrema izquierda y los sindicatos han rechazado categóricamente la propuesta por considerarla un recorte de los derechos sociales adquiridos. También la coalición dentro del Gobierno. Fueron tajantes las declaraciones de rechazo de la ministra de trabajo Yolanda Díaz. Ante estas manifestaciones, Garamendi, en representación de los empresarios, se ha limitado a decir que no ve posibilidad de acuerdo. El Gobierno de Pedro Sánchez, atrapado por su compromiso con Bruselas, se juega su reputación como socio fiable y 140.000 millones de euros, necesarios para la recuperación y transformación de España y para su supervivencia en el gobierno.

Una muestra más del frustrante estilo de gestión del Gobierno de Sánchez : falta de realismo para abordar los problemas, improvisación, autoengaño e irresponsabilidad política. La salida para salvar la cara ante Bruselas será la de siempre: compra de votos o aprobación por Real Decreto ley.