Análisis

Rogelio Velasco

Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad

Regulación económica: un decreto-ley más necesario que nunca

Ciudadanos esperan en la puerta de una oficina del Servicio Andaluz de Empleo. Ciudadanos esperan en la puerta de una oficina del Servicio Andaluz de Empleo.

Ciudadanos esperan en la puerta de una oficina del Servicio Andaluz de Empleo. / Juan Carlos Muñoz

La maraña burocrática y el exceso de legislación de cualquier administración pública constituyen, sin duda, una carga permanente que reduce el crecimiento económico de una región. El exceso de normas y procedimientos provoca inseguridad y falta de respuesta al ciudadano. También conlleva incremento de los costes y reducción de la eficacia de la Administración Pública por la dilación de trámites en el tiempo, así como el rechazo de las empresas para acometer proyectos, cuyas inversiones pueden desviarse a otros territorios. Andalucía presenta desde hace años importantes debilidades en esta materia.

Nos enfrentamos ahora a una crisis económica, motivada por la pandemia del coronavirus, de consecuencias a día de hoy difícilmente evaluables durante el periodo en el que rigen restricciones que afectan directamente al sistema productivo.

La Junta de Andalucía, en previsión de que los efectos sobre nuestra economía pudiera ser ciertamente grave, aprobó en el Consejo de Gobierno del 9 de marzo el Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva de Andalucía. Esta norma, que agiliza 21 leyes y seis decretos, es el trabajo más ambicioso que nunca se ha realizado en la historia de nuestra autonomía en cuanto a la revisión de la legislación vinculada a la actividad económica.

Enmarcado en el Plan para la Mejora de la Regulación Económica en el que la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad empezó a trabajar desde los primeros minutos de legislatura, el Parlamento autonómico lo debatirá y, con probabilidad, lo convalidará mañana. Su aprobación definitiva supone un cambio de cultura en la administración autonómica en cuanto a su eficacia y eficiencia. Es, por ende, una actuación cuyo principal fin es la generación de riqueza y empleo.

Este decreto-ley nace de las conclusiones extraídas por un grupo de expertos que analizó la totalidad de la legislación que afecta a la actividad económica (altos directivos de la Administración, especialistas del mundo universitario y de la empresa, así como por funcionarios cualificados). Su objetivo al embarcarse en este arduo trabajo fue claro: nuestras leyes deben perder peso –que no garantías– para que nuestras empresas ganen competitividad y seamos capaces de atraer más inversiones.

Esta iniciativa lleva aparejada una reforma legal de gran calado, ya que afecta a normas tan relevantes como, por ejemplo, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la Ley del Turismo de Andalucía, la Ley de Comercio, la de Promoción y Defensa de la Competencia o la ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. Estas leyes son de alta incidencia en la actividad económica andaluza y son las que las distintas consejerías nos han advertido sobre la necesidad de mejora.

Pero no sólo hemos recalado en la simplificación de grandes leyes. El decreto-ley incluye otras medidas, a priori menores, que, en su conjunto, y sumado al resto, tienen un efecto directo sobre el crecimiento económico de la región. Según nuestras estimaciones, acercarnos a la media europea en cuanto a nivel regulatorio puede elevar el PIB per cápita alrededor de un 2,5% en un plazo de entre cinco y diez años.

Y este decreto-ley ha sido solamente el principio. El trabajo será continuo. Ahora más que nunca necesitamos una estructura legislativa más moderna y ligera que se traduzca en empresas más fuertes, competitivas y de mayor tamaño.

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