Análisis

Pilar Cernuda

Sánchez desbarata su partido

El PSOE atraviesa la época más crítica de su historia al posicionarse dirigentes de la vieja guardia o barones regionales en contra del indulto favorable a los independentistas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Wilfredo García (EFE)

No hace mucho tiempo, cuando le preguntaron a Felipe González si seguía siendo del PSOE, dijo: “Soy militante pero no simpatizante”. Una descripción perfecta de cómo se sienten hoy muchos socialistas, que se niegan a renunciar a su militancia pero no comparten las decisiones que toma Pedro Sánchez en el Gobierno y en el partido, de donde, hay que recordarlo, fue expulsado por el Comité Federal aunque regresó un año más tarde tras ganar las primarias a Susana Díaz. Propuso entonces una ejecutiva y un federal en donde no tenían sitio los dudosos de apoyar incondicionalmente el sanchismo, excepto los pocos cargos electos que todavía tenían vigentes sus mandatos. Y, lo más relevante, llevó al congreso del partido una reforma de los estatutos que impedían que el secretario general pudiera ser relevado del cargo como lo había sido él.

Esa declaración de González está de plena actualidad cuando el PSOE atraviesa la época más complicada de su historia, porque el secretario general ha creado un Gobierno de coalición que promueve proyectos que van contra los principios que han sido santo y seña del partido, ha perdido toda credibilidad por mentir de forma sistemática, se ha alineado con partidos que se mueven en la ilegalidad y la inconstitucionalidad, protagoniza una grave confrontación con las instituciones judiciales, tanto con el Consejo General del Poder Judicial como con algunas de las salas del Supremo, ha intentado hacerse con las instituciones del Estado y tapa bocas tirando de las arcas públicas provocando una situación económica de extrema gravedad.

González, más referente para los socialistas de lo que le gustaría a Sánchez, declaró en El Hormiguero que no habría decretado el indulto en las circunstancias que pretende hacerlo el hoy presidente, que no habla con él desde la moción de censura, que no habría votado a Gabilondo si hubiera sabido que en el debate de los candidatos madrileños le iba a decir a Pablo Iglesias que tenían 12 días para llegar a un acuerdo y que hay que gobernar con respeto a le ley y a la Constitución. No con estas palabras, pero es lo que transmitía el ex presidente.

Sentido de Estado

Aunque lo peor para Sánchez es que escuchar a Felipe suponía que millones de españoles se daban cuenta de su sentido de Estado, su coraje como político y de la fluidez y confianza de sus relaciones con los más importantes dirigentes mundiales; mientras en España un mediocre presidente no encuentra hueco en el escenario internacional, donde no pinta nada, gobierna con un partido populista de extrema izquierda que no aceptaría ningún líder claramente democrático, promueve iniciativas intolerables con partidos antiespañoles con el único objeto de asegurarse el apoyo parlamentario para mantenerse en el cargo, y desprecia a los políticos socialistas más capaces mientras promueve a los que sólo tienen como mérito ponerse en primer tiempo de saludo ante las instrucciones que da Sánchez y, cuando era vicepresidente, un Iglesias que a través del Gobierno buscaba proteger a su clientela: votantes cada vez más menguantes, y potenciar sus relaciones internacionales, sobre todo las de Venezuela.Esa situación, que provoca preocupación y recelo desde que Sánchez se coaligó con Podemos, se ha envenenado hasta un punto insostenible esta semana, cuando el propio Sánchez anunció su disposición a conceder el indulto a los independentistas catalanes. Decisión que no será inmediata, entre otras razones porque no quiere que el indulto influya en el resultado de las primarias andaluzas, donde su antigua rival Susana Díaz se presenta contra Juan Espadas, a quien Sánchez convenció de que se presentara con el apoyo de Ferraz y del Gobierno. Ese retraso para llevar al Consejo de Ministros el indulto a los independentistas, demuestra que Sánchez es consciente del rechazo entre sus propios militantes.

No hace falta tener una percepción especial para llegar a la conclusión de que el desánimo es generalizado en el PSOE, el rechazo al secretario general se percibe sin necesidad de indagar excesivamente. Hay silencios clamorosos que indican que las adhesiones incondicionales a Sánchez han pasado a la historia, y dirigentes como Fernández Vara, que se ha situado abiertamente en contra de los indultos. Aunque ha sido Emiliano García Page el que se ha colocado al frente de la manifestación, como ha hecho siempre sin que le dolieran prendas a la hora de marcar distancias con Sánchez. Javier Lambán se mantiene en silencio por estar convaleciente de una operación.

La Justicia

Desde Moncloa han tocado a rebato para insistir en la idea de que los problemas se resuelven con diálogo y que la instituciones judiciales deben aceptar las decisiones que son prerrogativas del Gobierno. A esa interpretación se han sumado los presidentes regionales excepto los tres mencionados, y también el ex presidente Zapatero, que lo ha hecho con entusiasmo.

No es la persona más adecuada para defender nada: está contaminado por su desafortunada gestión como jefe de Gobierno, incapaz de reconocer la gravedad de la crisis económica, y sobre todo por su actitud respecto a Venezuela, donde se ha convertido en el máximo defensor de Nicolás Maduro.

Para Sánchez, sin embargo, el adversario más peligroso es el juez Marchena, presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo, la que condenó a los dirigentes independentistas por sedición y malversación. En el informe por el que se pronunciaba en contra del indulto, los argumentos son de una solidez jurídica incontestable, pero añade un concepto que no había sido advertido por los analistas: el autoindulto.

El informe señala que el decreto que pretende aprobar el Gobierno tiene como objetivo indultar a unos condenados de los que depende la continuidad de ese Ejecutiv, pues son los partidos de los condenados los que lo sustentan y, por tanto, los que podrían poner fin a la presidencia de Sánchez si le retiraran su apoyo.

El ministro de Justicia, la portavoz del Gobierno, el jefe de gabinete Iván Redondo y otros dirigentes del sanchismo insisten en que el Supremo no tiene nada que decir sobre una decisión gubernamental. Habrá que verlo. Los países democráticos exigen la separación de poderes, pero también garantiza que las decisiones del Gobierno están obligadas a cumplir la ley y la Constitución. Y el indulto planteado por el Gobierno no cumple las condiciones que la ley exige para que se apruebe. Por ejemplo, el arrepentimiento: cada vez que un independentista declara que volverá a hacer lo mismo por lo que fue condenado se abre un precipicio para Sánchez.

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