El agua ha sido y es en la evolución del planeta y el mundo un bien público esencial. La cuestión del agua ocupa un lugar esencial en la Encíclica Laudato Si. Sobre el cuidado de la casa común (2015) del papa Francisco. De acuerdo con el Papa, "este recurso no puede ser convertido el mercancía", y declara que "el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y, por lo tanto, es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos". Estas ideas de Francisco nos conducen a tres ideas: primera, su esencialidad para la vida; segunda, el agua como un derecho humano inalienable, fundamental, que no puede ser negado legítimamente y tercera, la no opcionalidad de su conversión en mercancía y la necesidad del control público de los servicios relacionadas con ella (distribución, potabilización y saneamiento).

El agua siempre ha sido una gran preocupación, manifestada de forma transversal por el Gobierno andaluz, especialmente ante los escenarios de cambio climático que se prevén en el marco ambiental de nuestra comunidad. La Ley de Cambio Climático, en vigor antes del otoño, ha auspiciado la introducción del concepto esencial del Derecho Humano al Agua en la propia Ley de Aguas de Andalucía mediante una disposición adicional. El denominado Ciclo Integral Urbano del Agua constituye un reto esencial para la inclusión, la sostenibilidad y resiliencia de las ciudades. El 28 de junio tuvo lugar una sesión del Consejo Andaluz de Medio Ambiente que debatió la redacción del nuevo Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano para Andalucía. Ese debate se relaciona con un intenso proceso participativo, en un escenario de gobernanza inteligente y sensible, generado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, coordinado por la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático, y que se ha mantenido desde 1991, donde se puso en marcha un reglamento regulador de las relaciones entre suministradores y consumidores finales del agua. Cuestiones como la cantidad garantizada mínima de agua para la ciudadanía, planteada inicialmente para el debate con 50 litros por persona y día, será objeto, en palabras de la propia consejería, de revisión para alcanzar el volumen que se considera imprescindible, por ejemplo 100 litros por persona y día.

Al igual, la cuestión de la completa municipalización de los servicios será objeto de debate para alcanzar el consenso que garantice el mejor servicio para la ciudadanía de Andalucía. La voluntad de contar, especialmente en asuntos esenciales, como el Cambio Climático y el Derecho Humano al Agua, con toda la ciudadanía a través de sus representantes y diferentes agentes sociales mediante procesos participativos, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, es incuestionable. Se puso de manifiesto con la Ley de Cambio Climático y se plantea para el desarrollo del Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano.

Un intenso cúmulo de encuentros ha sido auspiciado para alcanzar el mejor reglamento, integrador y sensible, ecológico y social. Se han llevado a cabo en los últimos meses reuniones con colectivos, responsables y agente sociales. Se pretende conseguir un reglamento, actual y eficaz, en el que se recojan todas la sensibilidades y aportaciones que contribuyan a dar respuesta a la cuestión esencial del agua urbana en Andalucía. Se desea que nuestra comunidad, como en otras cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, sea un referente en la construcción de un nuevo paradigma de los servicios urbanos de agua para las ciudades del siglo XXI.

El 11 de junio, organizada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se celebró una Jornada Divulgativa y de Participación sobre el proyecto de nuevo Reglamento del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano en Andalucía. Como continuación de ella se llevarán a cabo cuatro talleres temáticos y territoriales (entre julio y septiembre, en Sevilla, Huelva, Granada y Málaga) agrupados en los siguientes ejes: participación y transparencia; regulación al Derecho Humano al Agua en relación con suministros, potabilización y saneamiento; regulación del Ciclo Integral Urbano del Agua en el marco de la autonomía local, y garantía de sostenibilidad. Andalucía marcará el camino para la regulación del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano, una necesidad para las ciudades que hay que resolver en el marco de la presente legislatura.