Análisis

José Ignacio García Pérez

Catedrático de Análisis Económico Universidad Pablo de Olavide

¿Una buena política para el fomento del emprendimiento?

Es importante entender las diferencias entre lo que es una cotización social y lo que es un impuesto Esta política podría distorsionar aún más la decisión del trabajador de cuánto cotizar

Los incentivos a la contratación y el autoempleo son la principal política activa de empleo usada en España desde mediados de los años 90. Estas políticas consisten en bonificaciones y reducciones en las cuotas a la Seguridad Social que, todas juntas, suponen más de 3.000 millones de euros al año. Esta ingente cantidad de dinero implica, además, una merma de ingresos en la caja de la Seguridad Social que, unida a otros 500 millones de reducciones a las cuotas de los trabajadores por cuenta ajena del Sistema Especial Agrario, deja al sistema con casi 3.600 millones de euros menos al año.

Entre estos incentivos, uno de los más populares es la famosa Tarifa Plana para Autónomos donde estamos gastando en torno a 1.000 millones de euros al año. Estos incentivos parten de la premisa, asumida por todos, de que se requiere de subvenciones y bonificaciones fiscales abundantes si se quiere incentivar de manera decidida la actividad emprendedora. De hecho, un debate continuo en la sociedad es el referente a la necesidad de acercar las bases de cotización de los autónomos a sus ingresos reales, dando por supuesto que los autónomos soportan unos impuestos más elevados que el resto de los trabajadores por cuenta ajena. Pero ¿Es esto cierto? Y por otra parte, ¿Es eficiente bonificar sin más el alta de cualquier trabajador en el Régimen de Empleo Autónomo?

Para dar respuesta a estas preguntas es necesario tomar en consideración uno de los rasgos distintivos de este tipo de empleo: los trabajadores por cuenta propia pueden decidir libremente su base de cotización. Pero para tomar esta decisión (así como para responder a la pregunta de si los autónomos deben cotizar en base a sus ingresos) es fundamental que estos estén bien informados sobre el funcionamiento del sistema de protección social al que cotizan. Asimismo, es importante entender las diferencias entre lo que es una cotización social y lo que es un impuesto. En efecto, las cotizaciones sociales que pagan tanto los autónomos como el resto de trabajadores por cuenta ajena no son impuestos, sino que son (en gran parte) una forma de salario diferido para poder tener una renta o pensión en la fase inactiva de nuestra vida, esto es, en el periodo de jubilación. Este pago a la Seguridad Social no es más que la materialización de un ahorro forzoso que un sector público benevolente nos impone para forzarnos a ahorrar de cara a tener una renta garantizada en dicho periodo de jubilación. Las cotizaciones, por tanto, son ingresadas en la Seguridad Social (que no pagadas) por el empresario, en el caso del trabajador por cuenta ajena, pero son ingresadas en su totalidad por el trabajador, en el caso de que éste sea autónomo. Pero esto no significa que éste pague más. Muchas veces es al contrario ya que en el caso del trabajador por cuenta ajena lo que el empresario está ingresando en la caja de la Seguridad Social es también parte del salario del trabajador, al igual que hace el trabajador autónomo cuando ingresa sus cotizaciones de cara a obtener en su momento una pensión de jubilación.

En este contexto, las tarifas planas podrían distorsionar aún más la decisión de cuánto cotizar por parte del trabajador autónomo si estuvieran generando un incentivo adicional a cotizar por la base mínima. Este nivel de cotización tan bajo, sobre todo para trabajadores de edades avanzadas, generará unos historiales de cotización muy perjudiciales de cara al cálculo posterior de su pensión de jubilación. Esto no sería un grave problema para estos (otra cosa es el déficit presente y futuro que se genera para el Sistema de la Seguridad Social) si, al mismo tiempo, estos trabajadores decidieran ahorrar por otras vías para complementar su pensión con fuentes privadas, pero no parece que sea éste el caso en una gran mayoría de ellos.

Según la EPA, un 22% de los bonificados con tarifa plana no supera el año en su actividad

Existen además otras distorsiones que deberían estudiarse con detenimiento, como por ejemplo el posible efecto peso muerto que provocan estas bonificaciones, al estar en muchos casos bonificando la creación de puestos de trabajo que se hubieran creado igualmente o, aún peor, bonificando falsos autónomos que esconden relaciones por cuenta ajena donde algunas empresas consiguen ahorrarse costes salariales relevantes a través de estas subvenciones. Por otra parte, y según la EPA, un 22% de los autónomos bonificados con tarifa plana no superan el año en su actividad por lo que estamos bonificando puestos de trabajo que luego no se materializan en proyectos empresariales viables. Precisamente, la escasa evidencia disponible acerca de los efectos de esta medida para España indica que la tasa de supervivencia de los beneficiarios de dicha política durante el primer año de aplicación de la misma no es significativamente mayor a trabajadores similares que se toman como muestra de control. Estos resultados negativos contrastan con lo encontrado en la literatura para otros países donde esta medida sí se ha demostrado más efectiva, lo que parece señalar al carácter excesivamente general del programa y a la laxitud de sus requisitos de participación. Un diseño alternativo de estas políticas, similar al que parece estar dando resultados más satisfactorios en países como Alemania, requeriría algo más de cuidado y selección con el colectivo al que se quiere atender, poner más el foco en la viabilidad del proyecto que se presenta y condicionar la cuantía de la ayuda al momento cíclico del mercado en que se está aplicando.

Una política alternativa sería poner el foco en la viabilidad del proyecto al conceder la ayuda

Desde el año 2013, el empleo autónomo no ha dejado de crecer en Andalucía, existiendo actualmente en los registros de la Seguridad Social para esta región más de 536.600 trabajadores afiliados al Régimen Especial de Empleo Autónomo (80.000 más que hace seis años). Sin duda, muchos de ellos han recibido ayuda en base a tarifas planas no solo por parte de la Administración central sino también por parte de la Junta de Andalucía. Por todo lo expuesto, haríamos bien como sociedad en evaluar detenidamente si estas políticas están cumpliendo la función que tienen asignada de manera eficiente o si, por el contrario, podrían usarse de una manera alternativa mucho más útil y sin tanta distorsión en las decisiones individuales.

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