El pasado martes la Consejería de Economía convocó una reunión de trabajo con técnicos de la OCDE que estudian los condicionantes al crecimiento en regiones de bajo nivel de renta o crecimiento de baja intensidad. Durante la crisis las diferencias de productividad entre regiones pobres y ricas dentro de un mismo país han aumentado y con ello el riesgo de empeoramiento de los desequilibrios regionales en la Unión Europea, aunque en la OCDE han observado que algunas de las regiones de bajo nivel de renta consiguen saltarse la regla y mantener la convergencia con las más prósperas, gracias a la dinámica de un conjunto de sectores productores de bienes y servicios comercializables en los mercados internacionales. Andalucía está entre las regiones de bajo nivel de renta donde la crisis ha provocado un frenazo en la convergencia y es uno de los cinco casos de estudio seleccionados por la OCDE, cuyos resultados conoceremos a principios de 2018.

Como cabía esperar, el fuerte impacto de la crisis de 2008 y las dificultades para abandonarla centraron buena parte de la discusión inicial, aunque en todo momento estuvo presente la invitación a trascender lo inmediato, es decir, el corto plazo, y a intentar identificar las circunstancias que pueden condicionar la convergencia con el resto de España a largo y la corrección del elevado desempleo estructural. Un planteamiento interesante, pero que trae a colación el polémico asunto de la conflictiva relación entre los objetivos políticos a corto y largo plazo, sobre todo cuando los planteamientos ambiciosos a largo plazo vienen acompañado de elevados costes sociales a corto. El enfrentamiento entre defensores y contrarios a las políticas de austeridad en el gasto público proporciona una ilustrativa experiencia de la magnitud que puede alcanzar el conflicto y en la reunión con la OCDE pudimos asistir a otro episodio, mucho más sosegado, al abordar la relación entre desempleo y oferta educativa.

Durante la crisis el paro se cebó con los trabajadores menos formados, muy presentes en el sector de la construcción y en algún otro de servicios, lo que justifica el convencimiento de que las posibilidades de empleo aumentarían si los parados mejorasen su educación. También durante esos años ha tenido lugar un fuerte aumento en el índice de desajuste educativo, que muestra la diferencia entre el tipo de formación que demandan las empresas y la que ofrecen quienes buscan empleo, sugiriéndose un esfuerzo para mejorar la adaptación de la oferta educativa a la demanda de trabajo. Carlos Usabiaga, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide, reaccionó de inmediato advirtiendo sobre sus posibles consecuencias adversas a largo plazo, dadas la debilidad del entramado productivo y de la demanda de trabajo en Andalucía. El impulso de un modelo educativo potente y competitivo, pero ajeno a la realidad laboral de la comunidad, puede condenar a nuestros jóvenes mejor formados a tener que buscar en el exterior la satisfacción de sus expectativas profesionales, pero es que se trata de uno de esos casos en los que el conflicto entre el corto y el largo plazo debe resolverse claramente a favor del segundo.

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