Las agencias de rating mejoran la nota de la deuda pública española. Standards &Poor's y Fitch la califican de nivel medio superior, aunque Moody's la mantiene en medio inferior. En todo caso, el dictado diario de los mercados es contundente. La prima de riesgo española se mantiene por debajo de 100 desde principios de año y ha estado casi todo el mes de marzo por debajo de 80. Esto quiere decir que aumenta la confianza en la capacidad del Estado para hacer frente a sus compromisos, aunque persistan razones para la suspicacia.

El principal motivo es que formamos parte de los países con mayor volumen de endeudamiento público. No estamos en el nivel más elevado (Grecia, Portugal o Italia), pero sí en el siguiente, junto a Francia y Bélgica, que es el de países donde la deuda del Estado equivale aproximadamente al PIB. En el caso de España, en torno a 1,1 billones de euros, lo que significa que se necesitaría el resultado del trabajo de un año de todos los españoles para poder pagarla. Afortunadamente, más del 92% es deuda a largo plazo y con tipos de interés reducidos, aunque con algunos trazos sombríos.

El primero de ellos es el espectacular aumento desde 2007, mucho más elevado que en Francia y Bélgica, puesto que en los diez últimos años el porcentaje con respecto al PIB se ha multiplicado por 2,8. El segundo, la frustración con el resultado de los esfuerzos por reducirla. 2017 se cerró con un endeudamiento de 1.144.629 millones de euros, que son 37.424 millones de euros más que en 2016, aunque en términos de PIB haya supuesto una ligera reducción (98,4%), debido al fuerte crecimiento de la economía.

Estos datos aconsejan interpretar la benevolencia de los mercados con la deuda pública española, no tanto como la capacidad de pago del Estado, sino como la de conseguir financiación en condiciones favorables para atender la carga de la deuda. Parecen cosas similares, pero no lo son debido a que estas condiciones están estrechamente relacionadas con la coyuntura macroeconómica internacional y con los tipos de interés. Ambas son positivas en la actualidad, pero también inciertas a medio plazo, lo que explica el empeño del propio Gobierno en corregir su apalancamiento financiero y el riesgo de persistencia crónica con que el informe sobre sostenibilidad financiera de la Comisión Europea valora el endeudamiento público en España.

El problema es el déficit estructural, que se estima en el 3,1% del PIB, la mayor parte del cual (el 80%) se debe al pago de intereses (32.229 millones de euros presupuestados en 2017), mientras que el resto es déficit primario (diferencia entre ingresos y gastos no financieros). La caída de tipos de interés ha permitido que durante los últimos años se haya producido una reducción sustancial del mismo, pero las perspectivas para los próximos no son tan favorables. Esta es una razón poderosa para insistir en aprovechar estos años de crecimiento para invertir la tendencia del endeudamiento, pero también porque con la mitad del pago anual de intereses se podría cubrir el déficit financiero de las autonomías o la mayor parte del déficit de las pensiones durante los próximos cinco años.