Pegasus, sistema creado por una empresa israelí para introducirse en teléfonos móviles y manejarlos desde dentro obteniendo toda la información guardada. Textos, mensajes, conversaciones, documentos, vídeos, fotografías, listas telefónicas, nombres de las personas con las que el propietario mantiene más relación, pagos y cobros, y contactos personales. La vida entera recogida en un objeto de uso diario que se ha convertido en indispensable precisamente porque recuerda todo lo que planifica y dirige su vida. Pegasus es un método perfecto de espionaje a través del teléfono móvil de la “víctima”.

Solo pueden adquirirlo gobierno o instituciones oficiales, pero existe la sospecha, por no decir certeza, de que el sistema ha podido llegar a personas físicas y jurídicas que no pertenecen a las estructuras de ningún Estado. Se cree que varios gobiernos europeos o sus servicios de inteligencia han podido adquirirlo, que a través de Pegasus se han violado los teléfonos móviles de algunos de los más importantes dirigentes del mundo, y también que importantes países árabes, asiáticos y Rusia, tienen acceso a Pegasus y lo ha utilizado para controlar o tratar de controlar a sus adversarios.

En España se ha convertido en un nombre maldito para el gobierno por la acusación de medio centenar de dirigentes independentistas catalanes que dicen haber sido espiados por el gobierno español a través del CNI. Según la directora del CNI en su comparecencia ante la comisión de secretos oficiales, solo fueron 18 los investigados, todos ellos con la obligada autorización judicial. Paz Esteban entregó a los miembros de la comisión las carpetas con la documentación de cada una de los investigados, y las razones que habían justificado la investigación sobre sus actuaciones. Entre los investigados, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Consecuencias: amenazas de los partidos con apoyo al gobierno de dejar de prestarlo. Más consecuencias: esas amenazas se convirtieron en la exigencia de Podemos, el independentismo y Bildu de que Junts per Catalunya, la CUP y Bildu formaran parte de la comisión parlamentaria de secretos oficiales. Pedro Sánchez no solo cedió sino que dio instrucciones a la presidenta del Congreso para que variara el sistema de elección –¿prevaricación?– y redujera la mayoría de respaldo necesario para proceder a la incorporación de los nuevos miembros de la comisión.

La defensa que ha hecho Margarita Robles del CNI y de su directora, han contaminado el debate político… y contaminado también la percepción sobre los servicios de inteligencia española.

Barridos periódicos

El primer dato sobre el posible espionaje de Pegasus lo tuvo Margarita Robles hace un año cuando, en un control rutinaro de su teléfono móvil por parte del Centro Criptológico Nacional, se comprobó que estaba infectado. La ministra informó al presidente, que entregó su móvil… y también había sido intervenido. De inmediato se envió a los miembros del gobierno la recomendación de hacer controles periódicos a sus móviles, y también instrucciones sobre cómo podían ellos mismos encontrar indicios de que sus terminales podían haber sido infectadas a través de pegasus. Los hechos han demostrado que la mayoría de ellos hicieron caso miso a esas recomendaciones e instrucciones.

El Centro Criptográfico Nacional, del que se decía que estaba vinculado al CNI en realidad es un organismo del CNI. Su director o directora es el director o directora del CNI, y el trabajo se hace de forma conjunta con expertos adscritos a uno y otro organismo. De hecho, el CCN se encarga de revisar la seguridad de los miembros del CNI y de los soportes tecnológicos que utilizan.

Con los avances actuales y los nuevos sistemas de espionaje, entre ellos el más sofisticado, Pegasus, los teléfonos no se pueden investigar remotamente, sino que se debe hurgar en las entrañas del aparato. Tenerlo en la mano, trabajar sobre él y sacarle “datos forenses”, según la terminología de los especializados en ese trabajo.

En tiempos pasados, miembros destacados del gobierno entregaban periódicamente sus móviles para asegurarse así de que no estaban intervenidos para, en caso del menor indicio, alertar sobre el espionaje, y tomar las medidas pertinentes. Es la razón de que estos días personas que se mueven en el mundo de la tecnología más sofisticada, y saben cómo reaccionan los gobernantes cuando saben infectados, se hayan sorprendido al saber que hace un año se encontraron pruebas de que al menos en dos ocasiones el móvil del presidente de gobierno había sido “atacado”, y en una ocasión el de la ministra de Defensa y, sin embargo, a lo largo de estos meses no se hayan hecho revisiones periódicas, ni tampoco al resto de los miembros del gobierno, para garantizar que sus datos no estaban en poder de personas indeseadas.

Cada Ministerio cuenta con su propio equipo de seguridad, que a su vez mantiene relaciones con el CNI y los servicios de información de la Policía y Guardia Civil. Por otra parte, la seguridad del presidente del Gobierno la coordina la Secretaría General de la Presidencia, cargo que ocupaba Félix Bolaños cuando se produjeron las intervenciones de los móviles de Sánchez y Robles, y que el pasado lunes, como ministro de la Presidencia, fue quien informó sobre esas intervenciones.Los ministros mantienen su móvil particular, y se les ofrece otro oficial. Es más, es una de las recomendaciones que suelen hacer los servicios de seguridad, pero no todos los ministros manejan dos teléfonos. Por otra parte servicios ministeriales, y por supuesto presidenciales, realizan barridos periódicamente para garantizar que no haya micrófonos ocultos en las dependencias oficiales, tanto en las públicas como en los espacios donde los cargos públicos desarrollan su vida privada, sus residencias.

La cumbre de la OTAN

Dentro de mes y medio se celebrará en Madrid la cumbre de la OTAN, con asistencia de jefes de Estado y Gobierno occidentales, entre ellos Joe Biden. Con toda certeza, esos mandataros y sus equipos siguen con asombro las noticias que llegan estos días desde España. Asombro por no decir escándalo, pues como han denunciado los partidos constitucionalistas españoles y la mayoría de los analistas y medios de comunicación, es inconcebible que un gobierno incluya en su comisión parlamentaria de secretos oficiales a miembros de partidos que han sido condenados por sedición y malversación, aunque luego fueron indultados por el gobierno en contra del criterio del Tribunal Supremo, que era el que les había condenado.

Todos esos datos, más la inclusión en la citada comisión de un miembro del partido que fue brazo político de ETA, más un miembro de un partido comunista populista que además forma parte del gobierno de coalición y que mantiene vínculos con Maduro y no condena a Putin por la guerra de Ucrania, provoca el lógico recelo en gobiernos con los que España mantiene buenas relaciones … pero no ocultan su inquietud por esos datos agravados ahora por el escándalo Pegasus.

El clima previo a la cumbre de la OTAN no es por tanto el mejor para una reunión que obliga a dar prioridad a la seguridad y que convertirá Madrid n una ciudad prácticamente bloqueada, condicionada por los dispositivos de seguridad.Las Fuerzas de Seguridad española tienen fama de nivel profesional, han organizado reuniones de máximo nivel –probablemente la más arriesgada fue la cumbre sobre Oriente Medio del año 92, con presencia de los máximos dirigentes israelíes y palestinos, y una docena de jefes de Estado, entre ellos el presidente Bush padre. No se produjo un solo incidente. El prestigio por tanto de las Fuerzas de Seguridad españolas es, por tanto, claro. Pero en esta ocasión inquieta que desde dentro del propio gobierno haya personas que son abiertamente antiatlantistas y que alientan movimientos muy acticos contra las cumbres de la OTAN.

En Madrid, además de los españoles, coincidirán los servicios de seguridad de cada unos de los jefes de gobierno y Estado, pero además rendrá un papel relevante el propio equipo de seguridad de la OTAN, responsable último de los dispositivos que se organizan ante cualquier cumbre. Tanto, que incluso de la seguridad del país anfitrión, en caso de discrepancia, debe aceptar lo que indique el responsable de seguridad de la Alianza Atlántica,

No se contempla la idea de que el caso Pegasus pueda aplazar o cancelar la cumbre madrileña. Aunque es posible que algún dirigente internacional muestre especial interés en cuidarse de hablar abiertamente en reuniones informales, de pasillo, en las que no identifique perfectamente a sus interlocutores.