Las señales venían de atrás y eran serias, pero la capacidad de Pablo Iglesias para utilizar la vieja fórmula de que la mejor defensa en un buen ataque permitió que todo aquel que osara sacar algún trapo sucio de Podemos o de sus dirigentes se exponía a una implacable campaña de desprestigio profesional y personal: lo que le hacía dudar antes de pronunciar palabra o escribir una línea sobre irregularidades o falta de ejemplaridad. Sin embargo, desde el primer momento las señales de que aquellos nuevos personajes, profesores de Políticas de la Complutense, ya apuntaban maneras; aunque su eterno mensaje de que representaban una nueva forma de hacer política y que actuarían contra la casta llegó a calar de tal manera que se crearon círculos en toda España y en las primeras elecciones a las que se presentaron, las europeas de 2014, dieron el campanazo: cuarta fuerza y cinco escaños, entre ellos los de Iglesias y Pablo Echenique, conocido profesor universitario de Zaragoza.

Lo dicho, apuntaban maneras. Las primeras fueron las que los vinculaban con el chavismo. Nada que objetar a que ideológicamente se sintieran cercanos a la revolución bolivariana y asesorasen a sus gobiernos. Lo malo vino cuando se conoció que Juan Carlos Monedero, a través de una sociedad, cobró importantes cantidades de dinero del Gobierno de Chávez , que dedicó a financiar una pequeña cadena de televisión en la que se emitía el programa La Tuerka, dirigido y presentado por Iglesias, rampa de lanzamiento del partido.

Las cifras que se publicaron sobre el dinero venezolano –siempre opaco a Hacienda– fueron muy diversas, pero El Confidencial informó de un documento firmado por el ministro de Finanzas de Chávez por el que se entregaban siete millones de dólares a la sociedad para extender el “movimiento bolivariano”. Esa televisión fue adquirida finalmente por el partido y su entonces propietario declaró que el dinero que recibió era de origen iraní, lo que fue negado taxativamente por la dirección de Podemos, aunque él mantuvo siempre la misma versión.

Ansiedad inmobiliaria

Apuntaban maneras. Cuando surgió Podemos, la pareja de Iglesias era Tania Sánchez, miembro de IU y diputada regional, hija de un concejal de Rivas Vaciamadrid. Ella, su hermano y su padre fueron agraciados con pisos de protección oficial. No era delito, pero sí irregular o cuando menos poco ejemplarizante. No fue la única polémica con pisos: Ramón Espinar, diputado regional y senador, cuando era estudiante tuvo la fortuna también de conseguir una vivienda de protección oficial, cuya entrada pagó su padre, destacado miembro socialista que ha sido presidente socialista la Asamblea de Madrid, consejero del Gobierno de Joaquín Leguina y consejero de Caja Madrid.

El piso estaba sujeto a una hipoteca de 500 euros mensuales, que evidentemente no podía pagar su titular, estudiante. La compró por 146.000 euros y la vendió meses después por 176.000 sin haberla ocupado, lo que incumplía las obligaciones de vivienda protegida. La periodista que destapó el caso en la SER fue objeto de toda clase de campañas difamantes por parte de Podemos y sus dirigentes.

Apuntaban maneras. Íñigo Errejón fue contratado por la Universidad de Málaga para un trabajo de investigación en un proyecto dirigido por el profesor Alberto Montero, de Podemos. Errejón residía en Madrid, apenas pisó Málaga y cobró por el trabajo con fondos públicos cuando ya recibía fondos públicos por asesorar a Podemos. La Universidad inició una investigación y finalmente fue inhabilitado.

Todos estos casos provocaron revuelo mediático, pero no afectaron a la reputación de Iglesias hasta que él y su nueva pareja, Irene Montero, a la que designó portavoz y después ministra –es costumbre en Podemos promocionar a las parejas–, compraron un chalé en Galapagar. Fue legal, aunque la maledicencia apuntó que el precio en el Registro era muy inferior al de las casas similares de la zona.

El escándalo fue de tal magnitud, un choque tan brutal contra la publicitada austeridad de Podemos y de sus dirigentes, que con su conocimiento de estrategia de comunicación Iglesias convocó un referendum en el partido sobre la compra, advirtiendo de que si no recibía apoyo renunciaría a su cargo. El respaldo fue masivo. La pareja ya podía respirar tranquila.

La tarjeta del móvil

El último episodio es mucho más grave, entre otras razones porque tiene connotaciones judiciales y fiscales de imprevisibles consecuencias. El Mundo y El Confidencial han ido desgranando informaciones que colocan al vicepresidente del Gobierno en una situación comprometida, provocando preocupación en Podemos y en Moncloa, porque Iglesias podría verse imputado por varios delitos, entre ellos uno por destrucción de documentos y otro contra la intimidad.

A Interviú llegó en enero de 2016 una tarjeta de un móvil de Iglesias que contenía fotografías y conversaciones personales, algunas imágenes de carácter íntimo. El presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, llamó al líder de Podemos y le entregó la tarjeta. Era el móvil de Dina Bousselham, asistente de Iglesias cuanto era eurodiputado y que fue robado a la asistente. Algunos datos de esa tarjeta fueron publicados en OK Diario y pertenecían al material incautado al ex comisario Villarejo. Iglesias y Bousselham tomaron medidas judiciales y declararon ante el juez en una causa separada.

A través de las investigaciones periodísticas se demostró que Iglesias no le entregó la tarjeta a su ex asistente cuando se la dio Asensio, sino cinco meses después y, como había declarado Bousselham, dañada, aparentemente quemada. El juez le retiró a Iglesias la condición de víctima y entonces Bousselham cambió su declaración para tratar de exculpar a Iglesias. Los dos medios siguieron aportando datos que ponían en una situación muy delicada a Podemos: el fiscal Ignacio Stampa había pasado información sobre el proceso a Marta Flor, abogada de Podemos y de los dos encausados, a la que García Castellón ya había advertido de que no podía defender a los dos, pues Iglesias ya no era víctima. El jueves, el vicepresidente cambió de abogado cuando la Fiscalía inició una investigación sobre Stampa.

Iglesias no responde a las preguntas sobre este caso, pero tanto él como Pedro Sánchez son conscientes de que el juez es minucioso y no deja cabos sueltos. Visto el cúmulo de episodios que afectan a dirigentes de Podemos no puede sorprender que Iglesias esté en medio de una operación rocambolesca. Y es posible que delictiva.