Análisis

JOAQUÍN AURIOLES

Sobre la financiación de las autonomías

Es verso suelto la imponente obra del "Estado de las autonomías", probablemente la principal contribución española, junto a la transición política, al constitucionalismo del siglo XX. Su financiación tendría que ser uno de los pilares centrales del sistema, pero su complejidad y la incertidumbre en torno a sus desarrollos iniciales llevaron a la Constitución de 1978 a fijar unos principios generales (autonomía financiera, coordinación con la Hacienda del Estado y solidaridad) y a encomendar a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) su desarrollo normativo. El recién nacido modelo autonómico español comenzó a levantarse sin saber muy bien a qué retos tendría que enfrentarse de adulto, aunque las presiones no tardarían en llegar. A los primeros pasos erráticos, fruto de la inexperiencia y de fallos de diseño (ausencia de corresponsabilidad), sucedieron otras convulsiones mucho menos inocentes, casi siempre procedentes de Cataluña, que comenzaba a apreciar las ventajas del exclusivo sistema de cupo que disfrutan vascos y navarros. Y ello a pesar de que la Lofca (1980) vino a reproducir, en la práctica, el espíritu financiero del Estatuto catalán, aprobado en 1979.

La adaptación a las circunstancias obligó a modificar la Lofca en diferentes ocasiones. Unas para mejorar la coordinación, otras para ampliar las competencias tributarias de las autonomías o perfeccionar el encaje con otros objetivos de política económica, como la estabilidad y la sostenibilidad financiera del Estado, pero nunca ha sido posible perfilar los grandes trazos de un sistema de financiación con verdaderas aspiraciones a convertirse en definitivo. De hecho, los tres años añadidos a la vigencia del actual, que tendría que haber expirado en 2014, la puesta en marcha de una comisión de expertos que sugiera líneas maestras y pretendidamente independientes sobre las que levantar el nuevo acuerdo y el lamentable espectáculo de las ausencias en la Conferencia de Presidentes y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera vienen a indicar que, mientras que la búsqueda del equilibrio vertical se base en el establecimiento previo de un fondo de suficiencia que posteriormente se reparte con criterios diferentes al estricto tamaño del déficit no financiero de cada comunidad, el terremoto político estará garantizado cada vez que se aproxime su fecha de renovación.

En esta ocasión, ni siquiera los expertos han podido ponerse de acuerdo, aunque algunas de sus propuestas apuntan en la muy deseable dirección de corregir el desequilibrio vertical, incentivar la eficiencia recaudatoria y volver a denunciar los privilegios de vascos y navarros. Por el contrario, la principal quiebra de la unanimidad ha surgido en torno a la defensa, con Andalucía al frente, de un sistema equitativo y solidario, frente a la demanda de privilegios disfrazados de hechos diferenciales.

Confiemos en que se resuelva el conflicto y que el nuevo acuerdo relaje la tensión durante unos años, aunque el mantenimiento del espíritu básico de los anteriores garantice nuevos enfrentamientos a medida que nos aproximemos al final de su vigencia.

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