La lucha contra la pandemia está condicionada por decisiones judiciales, la supervivencia del Gobierno podría depender de decisiones judiciales, y la indispensable ayuda de la UE podría depender también de la respuesta del Ejecutivo a la renovación del órgano que regula los nombramientos judiciales. El futuro de España, hoy, depende de jueces y fiscales.

El juez García Castellón ha provocado una auténtica conmoción en el Gobierno al elevar al Supremo el escrito en el que recoge el resultado de su investigación del caso Dina, con la conclusión de que Pablo Iglesias podría haber cometido tres delitos: revelación de secretos, daños informativos y denuncia falsa o simulación de delito. Iglesias es aforado, de ahí que el juez haya pasado el asunto al Supremo. El caso Dina parece menor, pero coloca en una situación difícil a Pedro Sánchez.

En primer lugar, si se lleva al Congreso el suplicatorio, sería difícil explicar que el PSOE no lo apoyara, como ha hecho hasta ahora cuando ha tenido que pronunciarse sobre otros suplicatorios; segundo, si el Supremo hace suyas las tesis de García Castellón y procede a iniciar una investigación de los hechos, eso equivaldría a la imputación de Iglesias, y Sánchez tendría que cesarlo, ya que forma parte del DNI socialista el prescindir de cualquier dirigente investigado por la Justicia. El PSOE ha dado de baja a destacados dirigentes y difícilmente aceptaría un trato de favor a Iglesias. Aunque Sánchez se toma esas cosas a título de inventario sabe que se incrementaría el rechazo hacia él si deja de lado valores y principios que forman parte de la genética política y personal de su partido.

Iglesias tira piedras contra su tejado

El futuro del Gobierno, por tanto, depende de una decisión judicial. Porque si Sánchez se ve obligado a prescindir de Iglesias, se rompería la coalición de Gobierno. Es pronto para pronósticos sobre el futuro de Iglesias, porque hoy Sánchez lo necesita tanto como el primero al segundo. Iglesias tira piedras contra su propio tejado al arremeter contra la decisión judicial y, como su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, ha dicho los dos que es imposible, un escándalo, que Iglesias sea imputado.

No es el caso Dina el más preocupante para Iglesias: está judicializada también la presunta financiación ilegal de Podemos, a raíz de la denuncia del ex abogado de la formación Calvente, despedido acusado de acoso sexual tras trasladar a la dirección los datos que demostraban irregularidades.

Podemos ha arremetido contra Calvente utilizando su arma habitual, las redes sociales, pero él ha mantenido sus acusaciones, que además de exponer ante un juez también lo ha hecho en diferentes medios. Los datos son demoledores para Podemos aunque Iglesias y sus colaboradores insisten en que son víctimas de una campaña. Sin embargo, un organismo oficial les ha enmendado la plana: el Tribunal de Cuentas, que ha advertido de que la financiación del partido no se ajusta a la ley.

La Justicia se convierte en protagonista de la política, pero también de la vida sanitaria, aunque en buena ley –nunca mejor dicho– todo lo que gira en torno a la lucha contra la pandemia está directamente vinculado con la política, porque son los dirigentes los que toman decisiones –están imponiendo su criterio por encima del de los profesionales de la Sanidad ajenos a las conveniencias políticas– y se han visto condicionados por sentencias de los tribunales. La más reciente, la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el jueves provocó un terremoto político al anular la norma ministerial que obligaba al cierre de varias ciudades, entre ellas Madrid. La presidente madrileña, enfrentada a muerte con el Gobierno y a su vicepresidente, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, no dudó en acudir a los tribunales cuando el ministro Illa le impuso el cierre de la capital.

...Y Bruselas

Un cierre sobre el que dieron la voz de alarma todos los que conocen el alcance de las leyes y qué requisitos debe cumplir una norma ministerial antes de ser promulgada. La de Illa ni siquiera llevaba su firma, sino la de su secretaria de Estado. Mientras desde Moncloa y la Puerta del Sol se intercambiaban acusaciones sobre la legalidad de la norma y el Gobierno amagaba con el estado de alarma, el presidente gallego le hacía llegar –sin pasar por Génova– un informe en el que se recogía una propuesta para legalizar la situación anómala que había provocado el ministro de Sanidad: reformar una Ley Orgánica del 86 sobre medidas especiales de Salud Pública, cuya tramitación no se prolongaría más de un mes y que, según criterio previo del Constitucional, recogería que las libertades públicas se pueden limitar en el tiempo, y siempre de forma proporcional, cuando hay que salvaguardar otro derecho constitucional como es la salud pública.

Mientras se intercambiaban acusaciones entre los ejecutivos español y madrileño, Feijóo analizaba con sus expertos de la Xunta cómo reaccionar contra la pandemia cumpliendo estrictamente con la ley. No se puede olvidar que fue presidente del Insalud durante varios años y conoce perfectamente cómo funciona el Sistema Nacional de Salud. Con toda seguridad los expertos jurídicos con los que cuenta Presidencia, o el Ministerio de Sanidad, conocían también ese camino para legalizar una norma tan controvertida, pero una vez más la política pretendió imponerse frente a los profesionales que insistían en la necesidad de tomar medidas sanitarias.

Un tercer ingrediente se añade a la situación actual con decisiones en el ámbito judicial que afectan directamente al futuro de los españoles: la ayuda que ha fijado la UE para contribuir a que España supere la situación actual. En Bruselas, tanto en el Parlamento como el en Consejo y la Comisión, se están tomando medidas para asegurar que todos sus miembros cumplan los requisitos que exige la democracia, hoy cuestionados en varios países, sobre todo Hungría y Polonia. Se sigue con atención le polémica española respecto a la propuesta de Sánchez de cambiar la ley que regula la elección de los miembros del CGPJ, en funciones desde hace casi dos años, y presidido por un Carlos Lesmes que toma decisiones que no siempre gustan, ni convienen, al Gobierno.

Ese cambio no garantizaría la obligada independencia del Poder Judicial frente al ejecutivo, y podría influir en la votación del Parlamento Europeo que tiene que dar luz verde a las ayudas a España una vez que se reciba la documentación pertinente que debe recoger el techo de gasto que se marca el Gobierno así como el informe sobre el destino que van a tener los fondos que lleguen de Bruselas.

Un nuevo motivo de inquietud para Sánchez, pero también y sobre todo para los españoles a los que sólo tranquilizan los mensajes del Gobierno que insisten en que el futuro económico y laboral está garantizado porque Bruselas echará una mano.