Los presupuestos de gastos sociales en Andalucía están acomodados a un déficit del 0,6% del presupuesto, y necesitan un calendario de varios años para que la gestión de servicios como la dependencia, salud o educación se realice dentro de un equilibrio financiero entre ingresos y gastos.

Los ingresos fiscales del principal impuesto que es el de las rentas de las personas físicas (40% de todo lo que se recauda, 31% el IVA, 9% Sociedades, y 20% otros impuestos) siguen al crecimiento de los salarios y otras rentas del trabajo y personales, de manera que hay que hay que confiar en que con una buena gestión tributaria y una adecuada distribución de las rentas, se vaya encontrando el equilibrio presupuestario. El crecimiento de la economía española, en un entorno del 2,8%, justifica esta expectativa de mayor recaudación.

La decisión del Gobierno central de reducir precipitadamente el déficit de las autonomías del 0,6% al 0,3% no tiene justificación económica ni puede argumentarse que se hace para cumplir con un compromiso con la Unión Europea.

En la Unión hay criterios diferentes y, como se ha visto en tantos asuntos que van desde la emigración a la resolución de bancos, hay margen de maniobra para los gobiernos nacionales.

El caso más llamativo que justifica apartarse temporalmente del déficit y discutir el criterio europeo - si es que esto existe- es el del Banco Central Europeo (BCE), que en pleno crecimiento del área del Euro, con un repunte de los precios al consumo, y una reducción del paro, mantiene su política expansiva de tipos cero y compras de deuda pública y privada. Al día de hoy el BCE tiene en su balance más de dos millones de millones de euros de deuda pública y de empresas europeas; para hacerse una idea de lo que esto supone, hace nada, en diciembre de 2014, era sólo la décima parte.

Si el BCE desconfía de la recuperación y no quiere bajar la guardia, lo que permite que gobiernos y empresas se financien incluso a tipos negativos, no hay ningún motivo para que se fuercen los presupuestos y se deteriore un sistema de prestaciones sociales, más bueno o más malo, desde luego mejorable, pero que es el que hoy tenemos.

El déficit público español es aproximadamente el 3,2% del PIB; muy parecido al de Francia, 3,1%, dentro de una Unión Europea, donde Alemania y Holanda tienen superávit, por lo que el equilibrio de la zona no está en riesgo y pueden aceptarse desviaciones temporales en algunos países. Recordemos que el déficit en los países más importantes del mundo es en Estados Unidos el 3,5%, 4% en China, 5,1 Japón, y 3,1 India.

El Gobierno español tomó decisiones muy importantes en su momento como el pago a proveedores y la liquidez a las autonomías, que salvaron una situación grave de liquidez; ese mismo espíritu es el que debe de prevalecer ahora, reconsiderando el techo del gasto no como un dispendio o una irresponsabilidad fiscal, sino como una necesidad tanto para la recuperación de la economía -aún muy frágil- y, sobre todo, para nuestra convivencia, afectada gravemente por la crisis.