La separación de poderes suena muy bien, una música melódica con una letra con renglones torcidos. Y retorcidos. El mundo de las togas tiene un punto solemne y cualquiera que vaya a un juzgado, como el que va a un hospital, no puede menos que sentirse intimidado. Los políticos nombran a dedo al órgano de gobierno de los jueces, a los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Que es el que hace la traza digital a todos los jueces del Tribunal Supremo. Y a los presidentes de las Audiencias Provinciales. Y a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos... Y el que los pone en vereda... Para ser juez hay que superar una durísima oposición. Y para llegar a la cúpula, hay que pasar la oposición del gobernante y de la oposición...

En teoría, el presidente del Supremo es elegido por los vocales independientes que conforman el pleno del CGPJ y por mayoría de tres quintos. En la práctica, todo es mucho más prosaico. Aún ni se conocían siquiera todos los nombres de los vocales del CGPJ que se supone que lo elegirían según su propio criterio e independencia, pero Manuel Marchena ya se consideraba de facto en noviembre de 2018 el presidente del órgano de gobierno de la judicatura. Hasta que se filtraron unos mensajes de whatsapp del entonces portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, a los 146 senadores del PP en los que se jactaba de que, gracias al acuerdo con el PSOE para la renovación del CGPJ, Génova se aseguraba el control "por detrás" de la Sala de lo Penal del Supremo. "Ha sido una jugada estupenda, ponemos un presidente excepcional al frente de la Justicia española y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61". Todo sonaba muy mal.

Era todo tan sumamente descarado que a Marchena le faltó tiempo para destruir la componenda y presentar su renuncia. Y la renovación del CGPJ sigue empantanada. Su mandato concluyó el 4 de diciembre de 2018 y la parálisis política augura un bloqueo sine die. Llegar a un acuerdo político para renovar el CGP nunca ha sido tarea fácil y no es la primera vez que  (como el Gobierno de Sánchez) trabaja en funciones. El interregno más largo duró cerca de dos años (entre noviembre de 2006 y septiembre de 2008), ante la incapacidad de populares y socialistas de alcanzar un consenso que pusiera fin a un bloqueo sin precedentes.

Pero el CGPJ confía en Marchena, el presidente del tribunal que condenó por sedición y no por rebelión a los líderes del procés, que seguirá cinco años más al frente de la Sala de lo Penal del Supremo por decisión del pleno del Consejo del Poder Judicial, que ha apoyado este miércoles su candidatura -la única presentada- con 19 votos a favor y dos en blanco.

La sentencia del procés no solo ha concitado la protesta de los independentistas, que han puesto el grito en el cielo por unas condenas desmesuradas que a otros se les quedan más cortas que un crucero por el río Manzanares. Los más exaltados han inundado de violencia las calles y otros de bilis sus columnas, llegando a propugnar que a Marchena se le mande “a la cárcel”, pues la condena es “cochambrosa” y “basura” (Jiménez Losantos). Otros detectan en ella “leguleya melopea”, “enjuagues” y una “chapuza” (Arcadi Espada).   

Marchena no es un juez conservador al uso. Los que lo conocen le retratan como un tipo sutil, ambicioso, soberbio, inteligente, autoritario con suaves formas y que es bien mirado tanto desde el PP como desde el PSOE y Podemos. En principio defendía la calificación delictiva provisional que había efectuado el juez instructor, Pablo Llarena: delito de rebelión por alteración del orden constitucional, que no sedición por quebrantamiento del orden público. Todo lo contrario de lo que finalmente fue la sentencia unánime de los jueces. ¿No será, como decía un tal Platón, que la Justicia es a la postre la conveniencia del más fuerte, de una razón de Estado que siempre funciona, aun en funciones?