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Junto a los problemas más incrustados en el esqueleto de la economía, como el endeudamiento público, el desempleo o la exposición a perturbaciones externas, la principal preocupación a corto seguirá siendo la inflación y sus efectos colaterales, incluida la desaceleración en el crecimiento y el empleo que se pronostica para este año.

El dato adelantado del INE indica que España cierra el año con una inflación del 5,8%, la más baja de la Eurozona, aunque con 6,9% de subyacente. La conclusión apresurada es que sigue siendo muy cotoso llegar a fin de mes para muchas familias españolas, pero menos que en otras partes, aunque dependiendo del tamaño de la población vulnerable en cada país. Una valoración algo más detenida ha de tener en cuenta que la inflación subyacente solo ha estado por debajo del índice general cuando este ha sido excepcionalmente bajo y sobre todo negativo y siempre muy por debajo del nivel actual (20 años atrás llegó a estar en torno al 4%).

La inflación subyacente elimina del cómputo del IPC a sus elementos más volátiles (energía y alimentos frescos) y se queda con los más estables, que son los que marcan tendencia porque se suponen más incrustados en las estructuras de la producción. El hecho de que la subyacente se imponga sobre la general significa, por un lado, que va a costar más de lo previsto acabar con el problema y, por otro, que las medidas del plan anticrisis del gobierno van a tener efectos prácticos muy limitados.

Las medidas estrella son el cheque de 200 euros en pago único a familias vulnerables y la rebaja del IVA a un grupo de productos de primera necesidad, pero no a todos. Sobre la sorprendente, por insignificante, cuantía del cheque pocos comentarios caben, pero sobre la reducción del IVA es fácil pronosticar que sus efectos reales serán limitados porque deja fuera a los capítulos más significativos de la cesta de la compra y porque la mayor parte de la rebaja se limita a artículos que no computan en el componente subyacente de la inflación. No descartamos, por tanto, que en los próximos meses veamos reducirse el IPC, pero también el incremento simultáneo de la subyacente. Es la versión más temible del problema y será difícil que las medidas contribuyan significativamente a "proteger a la clase media trabajadora y al tejido productivo del país". Las únicas alternativas son el pacto de rentas, difícilmente viable en año electoral, y nuevas restricciones monetarias y subidas de tipos de interés por parte del BCE, con los extraordinarios costes sociales que ya conocemos.

Otras medidas, como los topes al gas o los alquileres, fueron concebidas para enmascarar el problema, pero no para acabar con él. Los precios son un termómetro de la tensión en los mercados, que no desaparece con medidas paliativas. La ventaja del tope al precio del gas es que puede ayudar a mantener la tensión alejada de nuestras fronteras durante un tiempo y confiar en un pronto retorno de la normalidad. En el de los alquileres, el tope al precio se traduce en que la tensión se traslada desde la parte arrendataria a la arrendadora, pero ni desaparece del mercado ni se reduce, sino que más bien tienda a aumentar.

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