La Comisión de Monumentos fue creada bajo la dirección de las Academias de la Historia y la de Bellas Artes de San Fernando, para velar por la conservación, consolidación y restauración de toda obra de interés histórico o artístico, tanto de la capital como de la provincia. A principios del pasado siglo se va determinando su composición: en las sesiones del 4 de julio de 1901 y del 19 de enero de 1902, siguiendo las directrices de las mencionadas academias, queda constituida por las autoridades políticas provinciales: gobernador civil y presidente de la Diputación; las autoridades académicas: rector de la Universidad y director del Instituto General y Técnico; todos como miembros natos. Se incorpora también el director de Archivos y Bibliotecas.

Otros miembros son nombrados por la Academia de Bellas Artes de Sevilla: José Gestoso y Pérez, historiador; Virgilio Mattoni de la Fuente, pintor; y Manuel Fernández López. Conforme a la comunicación de las citadas academias, se adscriben a la Comisión, a título de correspondientes, Gonzalo Bilbao Martínez, pintor; Juan Talavera de la Vega, arquitecto; y Andrés Parladé y Heredia, quien fue conde de Aguiar y también pintor; así como miembros de la Academia de Bellas Artes de Sevilla. De acuerdo con el Real Decreto del 11 de agosto de 1918, el número de miembros fue ampliado. Hoy esta comisión ha sido sustituida por el Patrimonio Histórico.

En la sesión celebrada el 17 de octubre de 1906, se da cuenta del proyecto del Ayuntamiento de demoler la muralla romana – así denominada en el acta-, y también de la cesión de las parcelas existentes delante de la misma. A la vista de las gestiones realizadas por el vicepresidente, el Sr. Gestoso, se acuerda solicitar de forma inmediata su declaración como monumento nacional, a fin de evitar su demolición. Firma como secretario Joaquín Bilbao, escultor.

En la sesión del 31 de diciembre de 1906, el presidente de la Academia de Bellas Artes, Carlos de la Lastra, quien era marqués de Torrenueva, expone su pesar por la noticia, recibida a través de la prensa, de la pretensión del Ayuntamiento de derribar el trozo de muralla romana –así denominada en el acta- existente entre las puertas de la Macarena y de Córdoba. Por ello consideraba deber de la Academia elevar un escrito al Municipio firmado por todos los académicos, en el que se manifestase el sentimiento con el que se veía dicho proyecto: como un atentado al buen nombre de la ciudad y a sus antecedentes históricos y artísticos. Los académicos se adhieren a lo manifestado de forma unánime.

Ya en la sesión de la Comisión de Monumentos del 26 de enero de 1907, se da cuenta de que miembros de la Academia de San Fernando han apoyado la petición de la Comisión para evitar el derribo de la muralla romana –así la siguen denominando-, según proyecto del Ayuntamiento, con el fin de ensanchar el barrio de San Julián.

Más tarde, en la sesión del 12 de abril del citado año, se notifica la petición del Ayuntamiento de realizar obras en la muralla mencionada, con el propósito de facilitar la comunicación entre el populoso barrio de San Julián y la ronda, así cómo su higienización y salubridad. Al no estar autorizada la Comisión para decidir sobre ello, se traslada la petición a las Academias de la Historia y de San Fernando.

El 30 de enero de 1908, en nueva sesión, se comunica la Real Orden por la que se declara monumento nacional el trozo de muralla que nos ocupa, dándose traslado al Ayuntamiento y solicitándole al mismo tiempo que ordene la restauración de los portillos abiertos en la misma, y que se suprima el vaciadero de basura allí instalado. También se le recuerda el compromiso capitular, no cumplido aún, de colocar una verja de hierro para su protección.

En la sesión del 11 de junio siguiente, se acuerda hacer constar el sentimiento por tener que transigir con la apertura de pasos o tránsitos en la muralla romana para la comunicación del barrio de San Julián con la ronda, previo informe del Sr. Fernández Casanova, que interviene también en la portada de la Concepción de la Catedral.

El 22 de febrero de 1911, tras otras sesiones en las que se sigue tratando el mismo tema, el Sr. Gestoso expone las gestiones realizadas para impedir que los pasillos hubiesen sido abiertos de forma distinta a lo ordenado por la Academia de San Fernando, así como el ofrecimiento del alcalde, Antonio Halcón, de reparar los daños causados, estrechando los huecos abiertos y construyendo arcos conforme a lo que disponía la citada academia. Gonzalo Bilbao, vocal de la Comisión y consiliario de la Academia de Bellas Artes de Sevilla, hace una relación del informe expuesto ante la Academia de San Fernando sobre los llamados “Proyectos de Reforma” del Ayuntamiento, manifestando “la improcedencia de muchos de ellos”, a los que fue rebatiendo con argumentos “haciendo constar la destrucción de las murallas que iban del barrio de Santa Cruz a la Huerta del Rey, con lo que se privaba a Sevilla de muchos restos de su historia, tradición y arte, la posible demolición de la capilla de San José y de la iglesia de Santa Catalina, la destrucción del jardín y foso de la Fábrica de Tabacos, del acueducto del barrio de Santa Cruz y su pretendido ensanche”. Denuncia además “el modo y forma en que se habían abierto los huecos en la muralla de la Macarena, declarada monumento nacional”, y por ello, “se exige su responsabilidad a quien proceda. Se trata de atajar este mal general de demoler lo que interesa conservar”. Los asistentes se adhieren a lo manifestado por el Sr. Bilbao, con su voto en contra de dichos proyectos.

Se acuerda nombrar una subcomisión para visitar al alcalde, pidiéndole un plazo antes de emprender las obras programadas. Se le envía además una comunicación, a fin de que se arbitren los medios necesarios para que no desaparezca la torre de Don Fadrique, debido a la penuria del convento de Santa Clara, que se ve obligado a vender parcelas de su huerta, donde se encuentra ubicada dicha torre.

Todavía en abril de 1911 no se había resuelto lo de los portillos abiertos en la muralla, y ante la negativa de los vecinos a ayudar a su restauración, el alcalde se había comprometido a ello y a que quedasen los pasillos como había ordenado la Academia de San Fernando.

De todo lo anterior se desprende la intensa labor de la Academia de Bellas Artes y de la Comisión Provincial de Monumentos por salvar toda obra histórica o artística de Sevilla capital y provincia, pues también intervienen de forma permanente en las Ruinas de Itálica, en la Puerta de Sevilla y la Necrópolis de Carmona, en los castillos de Alcalá de Guadaira, Utrera, Morón de la Frontera y el de “la Aguzadera” de El Coronil, y en los mosaicos hallados, entre otros lugares, en Osuna y Casariche, que el duque del Infantado se llevó ilegalmente a Madrid. La lista sería numerosa. Al frente de la Comisión en esta época estaba el historiador e investigador José Gestoso y Pérez, después el pintor Andrés Parladé y Heredia, conde de Aguiar, y, más tarde, Carlos Cañal, aunque el esfuerzo fue de todos sus miembros, destacando especialmente el pintor Gonzalo Bilbao Martínez, que llegó a ser propuesto para presidente, aunque no aceptó.

La constancia de dichas entidades por conservar adecuadamente lo que un alcalde, con su afán de modernizar la ciudad, quería derribar por ser antiguo, -y por lo que fue apodado “el Alcalde Palanqueta”-, es digna de alabanza.

Al transcurrir el tiempo se van salvando monumentos: en septiembre de 1912 dos Reales Órdenes declaran monumentos nacionales la capilla de San José y la iglesia de Santa Catalina, aunque las obras de restauración de esta última, dirigida primero por el arquitecto Francisco Javier de Luque y López, que interviene también en la fachada Sur de la Catedral, y después por Juan Talavera y Heredia, van a durar varios años. En octubre de 1928 se coloca en la fachada la portada mudéjar de la iglesia de Santa Lucía, y su terminación será en diciembre de 1930, con la aportación del Estado de 150.000 ptas. En diciembre de 1912, otra Real Orden declara monumento nacional las Ruinas de Itálica.

En julio de 1929, en sesión de la Comisión de primero de mes, se notifica la finalización de las obras en la muralla de la Macarena, con la reconstrucción de la barbacana y la demolición de una casa adosada, y en octubre de 1930, en la sesión del día 6, se finaliza la restauración del arco o puerta. Ambas obras son dirigidas por Juan Talavera, que también interviene en las Ruinas de Itálica, después del cese de Rodrigo Amador de los Ríos.

En la sesión del 2 de noviembre de 1933, se presenta una moción del presidente, a fin de distribuir la custodia de los 39 monumentos nacionales de la capital y provincia entre los miembros de la Comisión, para atender mejor su vigilancia y cuidado, la cual es aceptada por unanimidad, y se comunicará a cada miembro los que le hayan correspondido.