Durante los últimos 15 años, las autoridades chinas se han mostrado muy activas en la fusión de grandes empresas que operan en el mismo sector. Los objetivos asociados a este proceso, anunciados por el Comité Central del Partido Comunista, no están claros.

Si bien se hace público el objetivo de aprovechar las ganancias de eficiencia y escala que acompañan a empresas de mayor tamaño, se añade la consecución de objetivos políticos, sin especificar qué significado y resultados tendrán.

Sobre los primeros, basten unas cifras para comprender su significado. Las empresas estatales realizan el 30% del total de la inversión de la economía y reciben el 30% del crédito de los bancos. Sin embargo, sólo aportan el 10% del valor añadido. Una muestra de la monumental ineficiencia con la que operan.

Los sectores energéticos (carbón y electricidad), maquinaria pesada y acero, son los que han contemplado mayor número de operaciones de fusión. En conjunto, durante los últimos 15 años los grupos industriales chinos han pasado de 189 a 101. Al tratarse de empresas enormes y sectores clave de la economía, el gobierno se siente obligado a orquestar esas grandes operaciones de fusión para combinar las mejoras de eficiencia con un ajuste controlado de las plantillas de trabajadores.

Pero esta política de permitir que sólo una o dos empresas controlen sectores enteros es contradictoria con el objetivo anunciado de aumentar la competencia. De hecho, en algunos sectores ya sólo quedan una o dos empresas; una estructura de mercado completamente opuesta a la de un entorno competitivo.

Pero esta aparente contradicción se entiende en el contexto de otro de los objetivos que persiguen y que mayor repercusión va a tener en los países occidentales: la creación de campeones nacionales, esto es, empresas que se consideran estratégicas, de gran tamaño, que nadie podrá comprar y que llevarían a cabo una agresiva política de adquisición y expansión en otros países.

Esas adquisiciones de empresas occidentales por parte de empresas chinas ya ha provocado serias fricciones con los gobiernos de EEUU y Alemania, que al final se han arreglado, pero dejando la sensación de que la próxima vez volverán a surgir problemas para su autorización.

No deja de ser paradójico que, como consecuencia de la nueva política de la administración Trump, China se haya convertido en la principal defensora del comercio libre y de las inversiones internacionales. El comunicado emitido el pasado fin de semana en la reunión del G-20 pone el énfasis en la lucha contra el proteccionismo, la no discriminación entre países y en el marco legal que permite las inversiones.

Sin embargo, con la actual estructura de grandes empresas estatales en China resulta imposible aplicar la no discriminación y las inversiones directas en empresas. China puede comprar empresas privadas en otros países. Pero nadie pude comprar sus grandes empresas porque son todas estatales. Esta asimetría está ya provocando problemas. Y se van a agravar en el futuro muy próximo.