Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (todavía no aprobados) contemplan un crédito de 15.000 millones de Hacienda a la Seguridad Social, para el pago de pensiones.

Con esta cantidad sería suficiente para pagarlas este año y no tocar lo poco que queda del fondo de reserva, unos 8.000 millones. En realidad, el Gobierno podría utilizar lo que queda del fondo y reducir en la misma cantidad el crédito a la Seguridad Social. Pero hay una cuestión psicológica que lo frena: no querer que aparezca en los medios de comunicación que el fondo de reserva se ha agotado, lo que pondría muy nervioso a los casi nueve millones de pensionistas españoles.

A pesar del fuerte aumento del empleo, la recaudación por cotizaciones apenas ha reducido el déficit de la Seguridad Social, que el pasado año fue de casi 17.000 millones, solo ligeramente inferior al del año anterior.

El Gobierno tiene puestas todas sus esperanzas en que el elevado ritmo de crecimiento y de creación de empleo logre revertir esta tendencia de manera permanente. Pero no es previsible que ni el PIB ni la generación de empleo continúen mucho más tiempo creciendo a ritmos tan elevados. De hecho, ya se descuenta en todas las previsiones de los analistas.

Esta situación es un reflejo de la parálisis del Gobierno para abordar la reforma del sistema de pensiones, entre otras reformas. La llamada a los principales partidos de la oposición, patronal y sindicatos resulta imprescindible para que los cambios sean acordados y operativos durante dos o tres décadas.

Ayer, la OCDE publicó un nuevo informe sobre la situación y perspectivas de los sistemas de pensiones occidentales. Nosotros no estamos haciendo nada, pero el mundo se mueve. Durante los dos últimos años, una tercera parte de los países occidentales cambiaron los niveles de contribución, otra tercera parte modificaron los beneficios asociados y varios incrementaron la edad legal mínima para percibir una pensión. En algunos casos, como en los países escandinavos, la edad de jubilación será superior a los 70 años, llegando en el caso de Dinamarca hasta los 74, durante un proceso paulatino en el tiempo.

Aunque estas cifras puedan parecer dramáticas la realidad es que la mejora de nuestra calidad de vida, va a permitir que nuestra longevidad se incremente aún más que el aumento en la edad de jubilación. El problema se pospone, pero no puede resolverse de una vez por todas y para siempre.

Una de las opciones por las que algunos países están optando es la de extender el periodo de actividad, combinándolo con la percepción parcial de la pensión.

En este aspecto, como en otros, España debería modificar la actual legislación para estimular más la percepción parcial de una pensión con trabajo a tiempo parcial.

Las reformas pendientes en nuestro país son críticas, como en pocos países. De acuerdo con las estimaciones de la OCDE, España será en el año 2050 el país con mayor proporción de pensionistas en relación con la población en edad de trabajar, en el mundo. Sólo Japón nos igualará.

En este aspecto, como en otros, posponer las medidas que resuelvan problemas a largo plazo solo hacen empeorar esos mismos problemas, que serán más costosos de resolver en el futuro.