Hace unos meses, en una reunión de articulistas económicos de esta casa justo al acceder Pedro Sánchez al poder mediante una rocambolesca moción de censura a Rajoy, se me ocurrió apuntar que veía probable que el nuevo Gobierno subiera la presión fiscal o, mejor dicho, la carga impositiva a nivel estatal. Parecía lógico que, con unos presupuestos heredados del Gobierno del Partido Popular y, por tanto, elaborados con la máxima "lucha a muerte contra el déficit público", la voluntad de recuperar prestaciones sociales y acometer políticas de corte progresista no recogidas en los PGE exigiría generar ingresos paralelos para cuadrar la caja común. Mis compañeros desestimaron rápidamente tal probabilidad: "No, eso cómo lo va a hacer, no va a correr ese riesgo". Tal refutación tenía su lógica: Sánchez iba a estar poco tiempo, se había comprometido a convocar elecciones, su presidencia sería cuestión de pocos meses, con lo que no iba a quemar votantes metiéndoles la mano en el bolsillo con una subida -otra más- de carburantes, IVA, IRPF o el gran cascabel del gato tributario, el impuesto a los beneficios empresariales, el de Sociedades. Sucede, sucedió, que el Improbable Presidente Superviviente cambió de idea y decidió remozar Moncloa y quedarse allí toda la legislatura restante, o casi. Las razones para tal botavarazo y cambio de rumbo político no han quedado claras. Es mucho de temerse que la demoscopia le está poniendo claro que la intención de voto de un partido capitidisminuido y casi derrotado como era el PSOE de los 84 escaños menguantes mejora sus perspectivas desde el poder. Cosas de un electorado algo infantiloide, en el cual no tengo empacho en incluirme.

Y claro, con una coalición desahuciadora de Rajoy tan diversa y, bien mirado, tan hilarante o estupefaciente, la voluntad de seguir gobernando más allá de lo prometido exigía intentar eso, gobernar, legislar, comenzar a preguntar a diestro, siniestro y centrífugo (PNV, PDeCat, Podemos y sus franquicias): "Qué quieren mis niños, qué quieren mis dueños". Podemos lo ha tenido claro a pesar de la suspensión durante estos meses del hiperliderazgo de Pablo Iglesias: ellos, que de eso saben, querían RTVE. Y después querían resucitar coberturas sociales, con lo que era de cajón que habría que apretar las tuercas fiscales a quienes ganan dinero. Recordemos que en España los contribuyentes por renta no son muchos más que los no contribuyentes, y que todos votan alícuotamente, por lo que lo mismo da perder un voto de un asalariado o profesional próspero si con ello gano dos o tres de clases pasivas o funcionariales (que no es lo mismo, casi huelga decirlo). Por cierto, hablamos de funcionarios básicos, no de aquellos de oposición fetén de los que en una familia puede haber dos: en este caso, según la injusta tesis y trasnochada fiscal de Podemos, pueden llevar a casa más de 60.000 euros al año. Y eso, dicen, es una casa rica, privilegiada. Y debe ser crujida por la Agencia Tributaria. Un poco más.

El PSOE ha entrado en razón esta semana en este debate. Ganar 60.000 al año en una familia, o un soltero, no es ser rico: es ser bueno para sí, y para el país y su economía. Con lo que el PSOE, deseoso de agradar y tirar para adelante, ha dicho que rico se es a partir de 150.000 al año, y que ahí sí van a crujir. Eso supondría que 90.000 contribuyentes pagarían a escote unos 4.000 euros más de media al año. Pero, ay, resulta que la pandilla multicultural que sustenta la presidencia de Sánchez contiene miembros que, a pesar de su suicidio con causa independiente, no dejan de ser de centroderecha de toda la vida: los catalanes del PdCat, los ex convergentes y siempre pujolistas, no son gente de impuestos. Y dicen que nanai. Un laberinto.