Yo lo guardo todo. Tengo los trabajos, matrículas, notas, certificaciones… No tengo nada que ocultar. Los trabajos estaban en un ordenador portátil que ya no utilizo", afirmó Pablo Casado el 10 de abril. El hoy presidente del PP era en ese momento vicesecretario de Comunicación y su nombre saltó al nutrido ruedo de los escándalos por un caso de supuesta corruptela académica, similar al que en aquellos días marcó, junto al vídeo del hurto de unas cremas, el fin de la carrera política de Cristina Cifuentes, forzada a dimitir como presidenta de Madrid. Y es preciso recordar la celeridad con la que Casado peregrinó por televisiones y radios para desmentir las incipientes acusaciones contra él y distanciarse de las llamas que abrasaban a su compañera de partido.

La caída de Cifuentes, la turbulencia que produjo la primera sentencia del caso Gürtel y la moción de censura que derribó al Gobierno de Rajoy secaron los tinteros de otros asuntos y el nombre de Casado sólo cobró protagonismo cuando se postuló para la sucesión al frente del PP y, más aún, tras vencer contra pronóstico a la candidata del marianismo, Soraya Sáenz de Santamaría. Pero los días de gloria del joven político, capaz de rescatar con eficacia la ideología liberal conservadora y estimular a su compungido electorado, estaban en manos de la juez Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, y que, para mayor inri popular, es miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y ex asesora del ex ministro de Justicia Rafael Catalá, que tanto se significó en el apoyo a Casado.

El caso es que el candil de la juez alumbró posibles agujeros negros en el currículum académico del ya erigido como firme esperanza de la derecha, imputándole la presunta comisión de dos delitos: cohecho impropio, tipo penal con escasa jurisprudencia, y prevaricación en grado de cooperación necesaria, en la obtención de un máster en Derecho Autonómico, concedido por la Universidad Rey Juan Carlos, paradigma de tanto desprestigio. Así que, al tratarse de un diputado y gozar de fuero, la juez decidió elevar el caso al Supremo, con una exposición detallada de motivos, que más que indicios son convicciones, de la que se deduce que Casado, además de delinquir, ha mentido.

Muy segura debe estar la magistrada para, sin tomar declaración al imputado, afirmar lo que afirma, y muy confiado debe estar Casado para, en los tiempos que corren, atreverse a ocupar el cargo que ocupa. Entre las muchas preguntas sin respuesta hay una capital: ¿por qué el líder del PP no muestra el ordenador y los trabajos que dijo tener guardados? Atribuir la decisión de la juez a una persecución de los demás partidos, como hace el secretario general del PP, García Egea, denota ese tipo delirio que precipita el desastre. El futuro del nuevo PP también depende de la Justicia. A Pedro Sánchez se las ponen como a Fernando VII. Tiene bemoles.