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Rajoy no se ha amilanado. En esta ocasión, con el apoyo de los dos principales partidos de la oposición, ha ejercido su autoridad para imponer el respeto a las leyes y a la Constitución. El país vive la situación más tensa desde la Transición y los independentistas no pueden ganar esa batalla.

Dice Puigdemont que el Gobierno ha suspendido de facto la autonomía. No lo ha hecho, sino que ha asumido las funciones que garantizan que en región se respetan las leyes y se salvaguarda a la multitud de catalanes que no quieren dejar de ser españoles y no se atreven a expresar públicamente su pensamiento. La Guardia Civil y la Policía trabajan para impedir los disturbios, aparte de investigar lo que les encargan los jueces para localizar a quienes se alinean al margen de la legalidad.

Sin embargo, no es fácil el trabajo de quienes defienden el Estado de Derecho, porque los rebeldes se han hecho con la calle, Puigdemont y Junqueras son dos provocadores natos, Colau clama por la consulta y hasta el Barça ha sacado la cabeza para mostrar su espíritu independentista. Pablo Iglesias dice que en España hay presos políticos y, si no fuera una declaración esperpéntica, habría que felicitarse de esa afirmación malhadada, porque sería la prueba irrefutable para quienes lo tenían por demócrata de que ese personaje no tiene noción del deber de respetar la ley y la Constitución.

Los independentistas amenazan, coaccionan, insultan y muestran su agresividad. El Gobierno ha reaccionado dando prioridad a la Constitución y ha desmantelado la estructura ilegal creada por Puigdemont y Junqueras para poner en marcha una consulta que de ninguna manera puede ni debe celebrarse. ¿Ha ido excesivamente lejos Rajoy en su respuesta? Habrá quien lo crea, pero hay que recordar que se trata de una respuesta: son los independentistas quienes con su rebeldía han obligado a intervenir a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad. Faltaría más que todo el mundo se quedara de brazos cruzados ante un golpe de Estado.

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