Confieso que la capacidad de sorpresa con la gestión llevada a cabo en Abengoa en el último lustro va marcando nuevos límites cada semana que transcurre, cada noticia que publicamos en este periódico con pruebas documentales de que ha habido una suerte de concurso encubierto sin supervisión judicial desde que se levantó en 2016 el preconcurso solicitado a finales de 2015, después de que el Banco Santander forzase la destitución de Felipe Benjumea como presidente ejecutivo (no lo digo yo, es un hecho probado en una sentencia firme de la Audiencia Nacional).

Consuela saber que mi perplejidad es compartida. Un lector, presumo que también accionista de la empresa fundada en 1941 en Sevilla, se preguntaba en Twitter respondiendo a un tuit que difundía la última noticia publicada ("Abengoa desvió la liquidez prevista para Abenewco 1 a los acreedores"), cómo es posible que con todo lo que se ha publicado en este diario sobre la compañía y las acciones de sus gestores, la Fiscalía todavía no haya actuado de oficio, ni se debata en el el Parlamento y el Estado mire para otro lado.

Y realmente, en las últimas semanas ha quedado acreditado que los acreedores han gobernado de facto la empresa, ejerciendo un control total sobre la gestión para asegurarse prioritariamente el pago de intereses y comisiones.

Prohibieron elevar beneficios a la matriz del grupo, decidían sobre todo, incluido autorizar un préstamo operativo para las filiales, forzaron una reestructuración tras otra para maximizar la obtención de más intereses y más comisiones, hasta acabar por quedarse por completo con una empresa que ya tenían pero vendieron en Bolsa cuando la propia dirección de la compañía ya ponía en duda el rescate mientras se le decía al mercado y a los accionistas que la empresa remontaba el vuelo.

Todo eso suponen claros indicios de una administración de hecho por parte de los acreedores que, de demostrarse, conculcaría la legalidad.

Pero por más perplejas que estos hechos dejen a las personas que siguen -seguimos- este culebrón financiero, que para miles personas -empleados, proveedores o accionistas- es una pesadilla que les lleva a la ruina, lo cierto es lo que señala ese tuit que decía: aquí ningún poder hace nada. Ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial.

Así que la pregunta del tuitero es procedente: ¿qué más hay que publicar? Mi respuesta es clara: todo lo que contrastemos en la búsqueda de la verdad.