EL consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha anunciado que se plantea presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de medidas urgentes que prepara el Gobierno para, entre otras medidas, aumentar de 72 a 90 horas a la semana el horario del comercio y aumentar el número de festivos en que los establecimientos pueden abrir sus puertas a lo largo del año. Estas medidas, que se orientan a la total liberalización del sector, perjudican obviamente a los pequeños y medianos comerciantes, que no pueden asumir los costes de atender a la clientela a todas horas. La Consejería de Turismo y Comercio, además de este argumento, basaría su recurso en la presunta invasión de las competencias autonómicas por parte de la Administración central. De todos modos, conviene destacar que en los últimos tiempos varias de las políticas de ajuste impuestas por el Gobierno de la nación están siendo igualmente impugnadas por el Gobierno andaluz. No impugnadas políticamente, lo cual es comprensible, sino jurídicamente. Así ha ocurrido con el copago farmacéutico y con los recortes arbitrados en el sector de la enseñanza. En ambos casos las consejerías correspondientes han anunciado igualmente recursos ante el Tribunal Constitucional. También mantiene en pie la Junta su amenaza con respecto a la distribución territorial de las inversiones públicas estatales, aunque en este caso la sectaria actitud del secretario de Estado Beteta no favorece precisamente el entendimiento entre las dos instituciones. Decididamente, nos parecen demasiados recursos de inconstitucionalidad. Era previsible que la confrontación política volviera a presidir, como en la etapa de Aznar en Madrid y Chaves en Sevilla, las relaciones entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, pero la vía de los constantes recursos ante el tribunal garante de la constitucionalidad de las leyes y decretos debe ser la excepción que se practica cuando se han cerrado otras posibilidades, no una norma general que pretenda valer para todo.