Editorial

Acelerón en el caso de los ere

ESTA semana la instrucción del caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos subvencionados por la Junta de Andalucía ha avanzado notablemente. Por un lado, la juez que dirige las diligencia sobre el escándalo, Mercedes Alaya, ha levantado el secreto del sumario, permitiendo la salida otra vez de la cárcel del ex director general de Trabajo, Francisco J. Guerrero, ha impuesto fianzas cuantiosas a otros inculpados que ejercían relevantes funciones de mediación en la trama corrupta -aumentando su patrimonio de manera insólita y rápida-, y ha recibido una petición de la Fiscalía Anticorrupción para que amplíe la investigación sobre los más de 7, 6 millones de euros abonados a empresas vinculadas a los sindicatos. Los dirigentes de CCOO y UGT insisten en negar que sus organizaciones hayan participado en la red de tráfico de influencias montada alrededor de la Consejería de Empleo para financiar la inclusión en las ayudas a los ERE de personas extrañas a las empresas en crisis y para cobrar, y repartirse, sobrecomisiones muy por encima de las condiciones del mercado. La Fiscalía, por el contrario, estima demostradas documentalmente las transferencias de fondos obtenidos por las aseguradoras y consultoras de los ERE a sociedades del entorno de las dos centrales sindicales. Precisamente lo que el Ministerio Público solicita es que se detalle, factura a factura, qué labor ejercieron los sindicalistas y por cuánto tiempo para justificar las abultadas comisiones que percibieron a cambio. Da la impresión, por otra parte, de que la juez Alaya ha comprendido que las exigencias de celeridad en la instrucción que le han venido llegando no tienen por qué obedecer a una maniobra del poder político para despojarla de su riguroso y firme papel en el proceso, sino a la necesidad de que el sumario avance y pronto se pueda hacer Justicia. La otra opción es realmente peligrosa: que todo se quede empantanado y algunos delitos acaben prescribiendo.

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