COMO era de esperar porque estaba anunciado, el Gobierno va a acometer una de las grandes podas venidas y por venir, que afectará a la supervivencia de las más de 4.000 empresas, agencias y organismos públicos. El impacto en el empleo -en el desempleo, mejor dicho- de tal desmantelamiento no está cifrado, pero inquieta pensarlo, y más aún después de saber que las últimas oleadas de parados han puesto ya a la tesorería de la Seguridad Social en déficit. Los recortes para reducir el déficit provocan otros déficits. Seguridades, cada día menos. Ahora les toca a los empleados públicos no funcionarios; mañana a los prejubilados les tocará volver a trabajar o bien prescindir de parte de su pensión; pasado, la actual condición de funcionario vitalicio y no despedible será puesta en duda; al otro, las pensiones por incapacidad serán revisadas con lupa y reducidas drásticamente (la ley de dependencia está de hecho arrinconada en el baúl de lo que pudo haber sido y no fue). Pagaremos poco o demasiado, pero algo más, por la Sanidad. Otro tanto cabe decir de una Justicia cuyo copago quizá consiga reducir el colapso judicial en una España donde la gente se va a poner demandas contra el vecino con asombrosa e irresponsable rapidez. En un país que ya es infrasalarial comparado con su entorno de referencia (que no es Portugal ni Hungría, ¿no?), los miniempleos y los minisueldos serán habituales. El cómputo de días salariales a percibir por despido puede no ser inamovible, con lo que los colchones financieros personales entre el despido y la reincorporación al mundo laboral menguarán. Los sindicatos no están ya para dar guerra. Su supervivencia depende de que sean abiertos pero flexibles en la reforma laboral. Las patronales y sindicatos están en vías de extinción también, al menos en su versión actual.

A ninguno nos gusta ese panorama, sobre todo en aquellas cuestiones en la que estamos personalmente expuestos: "Las motos no las repartimos, que moto tengo", que decía aquel revolucionario de ocasión; adagio que me recuerda a quienes ejercen de drásticos cirujanos en aquello que no les afecta. Las decisiones gubernativas se toman ahora con una mayoría aplastante del partido en el poder, nadie se puede llamar a engaño. Salvo por el conejo llamado aumento del IRPF, la chistera Rajoy no engaña a nadie. Por así decirlo, Alemania y nosotros lo hemos querido. (Vaya por delante que quien suscribe no está de acuerdo con la política económica que se reduce al tijeretazo y el martillo neumático, y sobre todo resulta deprimente la autonegación y automutilación de la capacidad inversora del Estado. Pero ése es otro cantar.)

A marchas forzadas vamos interiorizando una máxima: los derechos adquiridos se evaporan si no hay dinero para soportarlos. El "yo he cotizado toda una vida laboral, me jubilo con todo el sueldo, etc." es un tipo de certeza habitual que puede volverse fabuloso cántaro de leche. Como ésa, otras. Es probable que a partir de ahora surjan especies en vías de extinción en términos sociales y laborales, como los empleados fijos difíciles de indemnizar, los funcionarios vitalicios, o los afortunados con prejubilaciones irracionales. Y esperemos que también estén en vía de extinción los trincones de altos vuelos, que tanto han mermado desde las cúspides la viabilidad de sus empresas, por no hablar de aquéllos que aún con más dolo han vampirizado las administraciones públicas que les confiamos. La codicia impune que, no ya aquí sino en otros sitios más centrales del planeta, está en el origen de la hecatombe en curso. Si no se reprimen o al menos se criminalizan esos comportamientos, como decía Maki Navaja, "aquí va a haber una masacre del cagalse". La gente, evidentemente, no está para bromas.