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Si partimos de la premisa de que la convocatoria de un referéndum ilegal en Cataluña es una agresión contra el Estado y contra el principio de soberanía popular recogido en la Constitución, hay que entender que el Estado responda con toda la contundencia que le permita la ley. De esta forma, la aplicación del tan traído y llevado artículo 155 sería no sólo razonable, sino perfectamente justificable. Éste es el espíritu en el que se desarrollaba la tribuna de opinión publicada el martes en este periódico por el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, que en estos momentos, como es bien sabido, no se representa más que a sí mismo. Haciendo abstracción, en la medida que ello es posible, de la particular situación procesal que en estos momentos padece, la opinión de Chaves es digna de tenerse en cuenta. Habla un ministro de Felipe González, la persona que más tiempo ha estado al frente de la Junta de Andalucía y un vicepresidente del Gobierno de España. Tiene títulos por tanto para expresar un criterio fundado, sobre todo en un momento en el que su partido no sólo titubea sino que envía preocupantes señales en el tema catalán.

Pedro Sánchez, que presenta una alarmante tendencia a la mimetización con Podemos, ha empezado a exhibir un discurso confuso, pero que claramente se aparta de un, por así llamarlo, frente constitucional para atajar el desafío separatista. Es bueno que surjan voces desde el PSOE que pongan las cosas en su sitio. Más deberían de surgir. Por ejemplo, se echa en falta un pronunciamiento del socialismo andaluz. Desde la derrota de Susana Díaz y sumidos en un complicado proceso congresual, tanto la presidenta de la Junta como el partido que la apoya parecen haber abandonado el discurso nacional. Pero tenerlo, lo tienen. A nadie se le escapa lo que piensa la presidenta andaluza sobre el proceso catalán y su silencio actual hay que interpretarlo sobre todo en clave interna, de reacomodación de posiciones tras lo sucedido durante los últimos meses. Aun así sería más que pertinente que desde Andalucía se alzara una voz clara sobre un asunto que amenaza la igualdad de los españoles.

Aunque al final no se haga la consulta, que es lo más probable, lo que se está dibujando es un pulso al Estado para lograr ventajas financieras y de autogobierno que divida a España en dos: la de los privilegiados y la de los demás. Andalucía no puede estar al margen de un asunto en el que, pase lo que pase, tiene mucho que perder.

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