ES indiscutible que la sociedad española necesita reducir su dependencia energética del exterior que coloca a la economía nacional en posición de fragilidad frente a las turbulencias que aquejan con frecuencia a parte de este mercado y dificulta enormemente -por ejemplo, en esta coyuntura internacional- la lucha contra la inflación y por la reactivación. Lo discutible es que el plan de ahorro de energía puesto en marcha por el Gobierno sea la respuesta adecuada al problema. Los expertos debaten si la limitación de la velocidad en carretera supondrá un ahorro tan significativo como para justificar la adopción de esta medida impopular. Pero son las otras decisiones tomadas sobre la sustitución de bombillas y farolas y la bajada de precios en los viajes de Cercanías las más polémicas. Ambas tienen una característica común: el Ejecutivo las ha decidido sin tener en cuenta que su coste ha de ser asumido por otras administraciones. Las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña, en efecto, ya han rechazado reducir las tarifas del Metro y los trenes de Cercanías, que son de su estricta competencia y que, de producirse, generarán un mayor déficit de explotación de las redes que dependen de ellas. Con respecto al cambio en los sistemas de iluminación pública de ciudades y pueblos, el Ministerio de Industria ya ha calculado incluso el ahorro energético que significaría, pero no está claro a qué institución correspondería hacerse cargo de la inversión que hará falta para ponerla en práctica. La reunión de Industria y la dirección de la Federación Española de Municipios y Provincias acabó de manera pintoresca: el presidente de la FEMP, y alcalde socialista de Getafe, anunció que el coste del cambio a las bombillas de bajo consumo lo asumirá el Gobierno, extremo que fue inmediatamente desmentido por el Ministerio, según el cual el líder municipalista había entendido mal. En resumidas cuentas, hay un exceso de improvisación e invasión de competencias ajenas. Un auténtico plan energético nacional sigue pendiente de debate.