AUNQUE a los inmigrantes que residen de modo furtivo en España se les denomina y diferencia como sin papeles, en verdad todos los ciudadanos de primera división somos unos sin papeles de la cosa pública. Hay más ocultismo en cualquier institución que en los programas de Iker Jiménez. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, que ha sido condenado por un juzgado sevillano a entregar a la oposición toda la documentación reclamada sobre la contratación y pago de unas obras bajo sospecha de trato de favor. Aprovechar la jurisprudencia de resoluciones como ésta puede propiciar una avalancha de reclamaciones judiciales para que los gobiernos local, provincial, regional o nacional dejen de esconder tanto los papeles y cumplan con su obligación de airearlos para que huelan mejor.

El artículo 23 de la Constitución faculta el derecho de todo ciudadano a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, y a acceder en condiciones de igualdad a los mismos. Un derecho fundamental que es sistemáticamente burlado con todo tipo de dilaciones, excusas, trabas, subterfugios y marrullerías. Del Vuelva usted mañana al No se moleste en volver.

De motu proprio se facilitan al común de los mortales menos papeles que los de Juan Guerra para disponer de despacho en la Delegación del Gobierno. La falta de transparencia no tiene por qué ser sinónimo de chanchullo, tengan siempre a la presunción de inocencia como compañera de viaje. Que el PP se apunte un tanto como oposición en Mairena del Aljarafe no le indulta de cometer las mismas tácticas obstruccionistas allí donde gobierna. El mal es general de la clase política. Si 31 consistorios de la provincia de Sevilla escapan al control de la Cámara de Cuentas de Andalucía, hágase una idea de cómo intentan torear al ciudadano que exige su derecho a comprobar pliegos de condiciones, licitaciones, alegaciones, adjudicaciones, subvenciones, baremaciones de méritos y todas las ones de rima biensonante.