muñoz

Mucho, mucho trabajo para el año que empieza. La juez Mercedes Alaya no ha tenido que pedir este deseo que anhelan millones de españoles para el año 2014. Todas las macrocausas que tiene abiertas actualmente la instructora auguran que este año que acaba de empezar será, como poco, igual o más intenso si cabe en las dependencias del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Alaya entró en 2013 con mal pie, puesto que venía de la larga baja de seis meses que le había apartado de su juzgado y no fue hasta el mes de marzo cuando se reincorporó y con qué fuerza al trabajo. Ese mes se quitó de en medio a los jueces de refuerzo que le había nombrado el TSJA -dicen que la instructora llegó a decir que se había sentido como si hubiesen invadido su despacho- y también desarrolló la primera de las cuatro operaciones policiales que haría a lo largo de 2013: la Heracles-1 contra el cobro de comisiones desmesuradas en las póliza financiadas con fondos públicos de la Junta. Ese primer gran espectáculo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se cerró con una veintena de detenidos, entre ellos el ex sindicalista y conseguidor de los ERE Juan Lanzas Fernández, que acabaría en prisión provisional, al igual que el ex director general de Trabajo Francisco Guerrero, en su caso por segunda vez por orden de Alaya.

Unos meses después, en concreto en julio, la instructora volvió a montar una segunda operación, denominada Madeja por la Guardia Civil, en este caso contra el presunto enriquecimiento de Domingo Enrique Castaño, el que fuera asesor del ex alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín, y por la supuesta financiación ilegal del PSOE, ya que, según las investigaciones -aún bajo secreto-, unos contratistas habrían entregado un sobre con 30.000 euros que iba destinado al partido socialista.

Octubre fue el mes de la segunda fase de la operación Heracles, en este caso centrada contra la participación de los representantes sindicales en el cobro de comisiones y que se saldó con diez detenidos, todos finalmente puestos en libertad con cargos.

Con lo que la instructora no contaba es con la cuarta de las operaciones -segunda fase de la operación Madeja-, la que se precipitó a mediados de diciembre pasado por un error de la propia juez, que reveló, en el auto que prorrogaba por quinta vez el secreto de la causa, que se habían pinchado una decena de teléfonos de contratistas y de funcionarios municipales. En cuestión de horas, Alaya montó un nuevo despliegue de la UCO que se saldó con la detención de cinco personas, de las cuales tres de ellas -un empresario de Fitonovo y dos funcionarios de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla- acabaron en prisión provisional.

Entre esas cuatro operaciones, Alaya la incansable -como ella misma se ha llegado a autodefinir en un auto- no ha parado de dictar autos y resoluciones durante 2013, algunas de ellas tan relevantes y con estratégicas fechas políticas elegidas para su difusión, como ocurrió con el auto del 28 de junio, en el que imputó a una veintena de altos cargos en el fraude de los ERE, entre ellos la ex consejera y ex ministra Magdalena Álvarez, o el del 10 de septiembre -fecha de la toma de posesión del nuevo gobierno de Susana Díaz-, en el que se inventó una fórmula jurídica para preimputar a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros cinco ex consejeros autonómicos.

Para 2014, a buen seguro que la juez llevará a cabo otras tantas operaciones policiales. Piénsese por ejemplo que aún no le ha metido mano a la causa de las facturas falsas de UGT-A, más los coletazos que puedan quedar de otras operaciones, como la Madeja…

A comienzos de año, si se respeta el calendario que maneja la instructora, también tendrá que elevar la causa al Tribunal Supremo, una vez que realice una exposición motivada sobre los indicios que pueda encontrar contra los aforados. La Audiencia obligó recientemente a la magistrada a motivar más los hechos que atribuye a estos aforados, como le había pedido la Fiscalía Anticorrupción, si bien Alaya cumplió a medias lo que le ordenó el tribunal, dado que ni siquiera concretó los delitos que pueden atribuirse a Chaves y Griñán. En ese auto Alaya comenzaba justificando la motivación con un curioso "por imperativo legal", como si todas las resoluciones que dictaran los jueces no fuesen bajo ese mandato de respeto a la ley, de lo que se desprende que este nuevo varapalo de la Audiencia -que también le obligó a motivar más la imputación de Magdalena Álvarez- no le sentó muy bien a la magistrada.

En las últimas resoluciones, Alaya también ha comenzado a quejarse del exceso de trabajo que soporta y de la falta de medios, pero en este caso sus quejas son contradictorias con la postura que fijó la magistrada cuando rechazó cualquier apoyo de más jueces de refuerzo. El TSJA estaba dispuesto a dejar incluso su juzgado con tres jueces, pero Alaya se negó y ahora sólo cuenta con un magistrado que se encarga de la llevanza del juzgado y de la realización de las guardias mientras la magistrada se centra en las macrocausas, de las cuales ha cerrado este año una -la venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla- y está a punto de cerrar la del delito societario del Real Betis. Con este panorama, todo apunta a que 2014 va a ser un año muy movido en el juzgado de Alaya.