Hace tiempo que se esperaba este auto, pero una vez más la juez Alaya ha vuelto a sorprender por el momento en que ha decidido trasladar la imputación a los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Al primero casi ni le ha dado tiempo a abandonar San Telmo a la hora cuando la juez le ha lanzado un envenado ofrecimiento para que ejerza su derecho de defensa, para que se persone con abogado y procurador en la causa de los ERE y preste, si así lo desea, una declaración voluntaria antes de que la magistrada se pronuncie sobre la posibilidad de elevar la causa al Tribunal Supremo.

No es la primera vez que Alaya suelta una bomba, en forma de auto, que sacude los cimientos, en este caso, del nuevo gobierno que lidera Susana Díaz, que ha tratado de borrar desde el principio cualquier relación con las irregularidades detectadas en las ayudas públicas. Alaya ya hizo lo propio cuando el PSOE-A convocó el proceso de primarias para elegir al sucesor de Griñán y la instructora dictó el, hasta ahora, trascendente auto del 28 de junio, que imputaba a una veintena de cargos públicos, entre ellos Magdalena Álvarez. Ese auto se ha quedado ahora en pañales al lado del que notificó ayer Alaya.

Pero más allá de estas extrañas coincidencias -el nuevo auto está amparado por la doctrina que expuso la Audiencia de Sevilla el pasado 8 de agosto en un auto en el que avaló la labor de la instructora-, lo cierto es que Alaya ha subido ya todos los peldaños de la pirámide de imputaciones que anunció en una ocasión y ha dado, esta vez sí, el último "paso cualitativo" al que se refirió en su anterior resolución.

Alaya ha imputado a dos ex presidentes de la Junta, el primero de los cuales, Manuel Chaves, al principio de la instrucción, limitó las irregularidades a la actuación de "cuatro golfos". De esos cuatro golfos iniciales se ha pasado a una causa que ronda ya los 123 imputados, entre los cuales se encuentran, además de los dos ex presidentes andaluces, un buen número de ex consejeros, directores generales, y ex altos cargos de la Administración andaluza.

Con el auto de ayer, Alaya vuelve a ganar tiempo para su particular manera de instruir y sigue sin soltar las riendas de la causa. Algunos apuntan a que esta resolución aleja los fantasmas de posibles nulidades, dado que la jurisprudencia advierte de que no se puede instruir una causa a espaldas del imputado, sin que éste pueda ejercer su derecho de defensa, algo que en el caso de los aforados Alaya pretende salvar con el ofrecimiento de la personación que les ha realizado formalmente. Ahora ya sólo queda que la instructora acelere la investigación y tome declaración a los 72 imputados (sobre los 116 que había hasta ayer) que aún no han sido citados a pesar de que algunos llevan más de dos años imputados. La causa de los ERE no debe eternizarse para evitar una sentencia que los ciudadanos no puedan entender, si alguien finalmente sale beneficiado de los retrasos de la investigación.

muñoz