MIENTRAS su instrucción se eterniza, con serios riesgos de perjudicar los derechos de defensa de los imputados e incluso de prescripción de delitos realmente cometidos, la juez sevillana Mercedes Alaya, que dirige el sumario por el caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía, extiende sus pesquisas a instituciones y personas insospechadas y mantiene a otras en la extraña condición de preimputadas, sin adoptar tampoco decisiones formales desde el punto de vista jurídico sobre los cargos públicos aforados. El último auto conocido de Alaya, en respuesta al escrito de una de las defensas personadas en la causa, arroja una sombra de sospecha sobre el Parlamento de Andalucía, al ordenar a los peritos de la Intervención General del Estado que informen respecto al conocimiento que sobre las irregularidades en los ERE, en el periodo que va de 2001 a 2010, pudieran tener los diputados de todos los partidos del uso que se hizo de los fondos destinados a ayudar a trabajadores de empresas en crisis. La pesquisa pretendida abarca a los sucesivos miembros de la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento y al propio Pleno de la Cámara, instancias en las que se han debatido y aprobado todos los presupuestos de la comunidad autónoma andaluza, incluyendo, obviamente, las partidas destinadas a financiar los expedientes de regulación de empleo que dan origen al caso. Una reflexión elemental es que los parlamentarios, en mayoría o en su totalidad, dan su aprobación a los gastos contenidos en los proyectos de presupuestos y, posteriormente, reciben información sobre su grado de ejecución, pero ignoran si en la distribución de las subvenciones se han producido irregularidades o ilegalidades o se han respetado o vulnerado los procedimientos legales previstos. Eso corresponde a los cargos públicos del Gobierno autonómico que se han ocupado de gestionar dichas ayudas durante el periodo investigado, y que de hecho están imputados o incursos en el proceso sumarial en marcha. En suma, los diputados no tienen nada que ver con la gestión de los ERE. Así lo ha entendido la Fiscalía Anticorrupción, que ayer mismo anunció su propósito de recurrir el descabellado auto de la juez Alaya, subrayando que la Intervención General del Estado -a la que la instructora ordena examinar los diarios de las sesiones parlamentarias aludidas- no tiene competencias sobre las actividades de las cámaras legislativas, ni estatales ni autonómicas, y que los diputados, en todo caso, gozan de inviolabilidad con respecto a sus opiniones y votos emitidos en cualquier acto parlamentario. Incluso después de que su mandato haya concluido.