LA Constitución ha sido uno de los grandes logros históricos de la sociedad española. Nos ha traído el período más largo de prosperidad, desarrollo y bienestar que ha vivido nuestro país, que pese a ser el más antiguo de Europa tiene una de las democracias más jóvenes del viejo continente. Todo ello fue posible gracias a los grandes consensos, que implican siempre la voluntad de llegar a acuerdos y renunciar a principios partidistas en aras del bien común.

A esa democracia los españoles llegamos ávidos de derechos y de libertades, convencidos de quiénes éramos y en qué queríamos convertirnos. También seguros de lo que no queríamos volver a ser. Hoy, 36 años después, somos una sociedad mucho más madura, próspera, diversa, plural y tolerante.

La Constitución no es un éxito de los partidos políticos, sino patrimonio de todos los españoles, una victoria colectiva. No es un texto muerto, ni inútil, ni fruto de pactos oscuros. Tanto la Constitución como la Transición fueron ejemplo de cómo llevar a cabo un proceso democratizador sin violencia, y así se estudian en las universidades de todo el mundo. Faltarle al respeto a la Constitución es faltárselo a la verdad, a la historia y a los españoles.

Sus objetivos se mantienen inmutables, pero la vigencia de nuestra Carta Magna reside además en la posibilidad de hacerle cambios para afrontar mejor el futuro. Pero cualquier iniciativa de reforma constitucional que nazca fruto del interés electoral a corto plazo o del chantaje inaceptable de unos pocos está condenada al fracaso.

La Constitución tiene que unir y no puede ser un arma arrojadiza en un contexto tan complicado como el actual, cuando estamos saliendo de una terrible crisis económica con gran esfuerzo, sacrificio y sufrimiento de millones de familias.

Nuestro país necesita grandes reformas que deben contar con el acuerdo de la mayoría social que representan los dos grandes partidos. Pero hay reformas mucho más urgentes que la de la Constitución. Necesitamos una ley de educación que no se derogue con cada cambio electoral y que garantice un futuro mejor para nuestros hijos. Tenemos que blindar también los otros pilares de nuestro Estado de bienestar, la sanidad pública y las pensiones. Y desde luego volcarnos en la creación de empleo, haciendo de nuestro país, y en nuestro caso de Andalucía, un lugar mucho más atractivo para las inversiones y en el que no resulte tan difícil ser empresario o autónomo.

En los ocho meses que llevo como presidente del PP andaluz he propuesto varios pactos a la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A. Un acuerdo por el empleo, una reforma fiscal para que los andaluces dejemos de ser los españoles que más impuestos pagan, pactos contra la corrupción y la violencia de género. Andalucía necesita reformas que nos saquen del furgón de cola. No podemos seguir siendo la región europea con más paro, ni tampoco de las comunidades que menos invierten por habitante en Educación y Sanidad. Si queremos mejorar hay que acabar con el inmovilismo ultraconservador instalado en la Junta.

Las respuestas a mis ofertas han sido el silencio o el desdén. Me sorprende que el mismo partido que no tiene ningún interés en pactar reformas para el bienestar de los ciudadanos se embarque en una reforma de la Constitución sin rumbo. El PSOE quiere abrir una caja de Pandora de imprevisibles consecuencias para recuperar votos perdidos en Cataluña y en la izquierda.

Los españoles seguimos sin saber muy bien qué es lo que quieren cambiar de la Constitución Pedro Sánchez y Susana Díaz, además de retirar la reforma del artículo 135 que nos permitió recuperar la credibilidad exterior. No demuestra responsabilidad ni visión de Estado un partido que se arrepiente de un cambio constitucional consensuado hace tres años.

Por el bien de nuestra tierra, desearía que la presidenta de la Junta, antes de hacerlo con los socialistas catalanes, se reuniera conmigo y el resto de líderes andaluces para pactar una postura común ante cualquier reforma constitucional o del modelo de financiación. No aceptaré ningún cambio que perjudique a Andalucía.

Este debate no puede abrirse para solucionar el callejón sin salida de Artur Mas, el fraude de un independentismo que ha arruinado a Cataluña, ni tampoco para resolver los problemas del PSOE que le impiden apoyar con nitidez la unidad de España. Hace una semana el PSOE andaluz votaba en el Parlamento en contra de una iniciativa del PP que defendía la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles.

El PSOE-A se inventó hace unos años el eje Cataluña-Andalucía. Su resultado fue que Andalucía perdió dinero con la financiación de Zapatero. Ahora tenemos a una presidenta que habla de federalismo asimétrico pero no explica qué consecuencias tendrá para los andaluces. Cada vez que el PSOE se ha metido en el debate sobre el modelo territorial hemos salido perdiendo.

Las grandes reformas que nos han hecho avanzar se han abordado desde el diálogo, la serenidad y con sentido de Estado; reformas para todos, no para algunos. Lo contrario son aventuras improvisadas. Tirar las paredes de la casa empezando por el muro de carga, como quieren algunos, nos pone en riesgo de derrumbe del edificio.

Hoy es un buen día para renovar nuestro compromiso con la Constitución y leerla con gratitud. El espíritu de consenso y la voluntad de progreso que la alumbraron deberían iluminar el futuro de nuestro país las próximas décadas.