EL dato ya es oficial. El Gobierno andaluz no tendrá más remedio que asumir a lo largo del próximo lustro el pago en favor del Estado de 1.475 millones de euros, una cantidad económica considerable que es el resultado final de la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2008. Este dinero procede de los fondos adelantados en su momento por la Administración central a las distintas regiones españolas a cuenta de una serie de ingresos -estimados y teóricos- por distintos conceptos tributarios que finalmente no han llegado a recaudarse, en buena medida como consecuencia directa de la crisis económica, que ha hundido de forma considerable las previsiones de recaudación de las arcas públicas. La cifra final a pagar, que supera ligeramente la estimación oficiosa que en junio de 2009 hizo la propia Junta de Andalucía, que calculó la cantidad a devolver al Gobierno central por encima de los 1.000 millones de euros, sitúa a nuestra comunidad autónoma como la región que más dinero tendrá que entregar al Ejecutivo; más incluso que territorios como Cataluña o Valencia. En números redondos el Estado recaudará hasta 5.500 millones de euros de las distintas autonomías por este concepto durante los próximos años. Todas ellas tendrán que pagar, salvo Madrid, que recibirá 15.069 millones de euros como compensación por el desequilibrio entre sus derechos reales y los pagos hechos a cuenta. Andalucía, que históricamente se ha encontrado siempre en la situación contraria -reclamando al Ejecutivo el pago de deudas históricas y luchando contra liquidaciones perjudiciales a sus intereses-, tendrá ahora que diseñar un plan para poder hacer frente a esta ineludible obligación de pago. Tiene la posibilidad de devolver el dinero hasta en cinco años, tres más de lo que en principio planteaba. Pero, incluso dilatando en el tiempo el pago del débito, la noticia no es nada buena: si la actividad económica no repunta pronto en Andalucía, y por tanto crecen los ingresos públicos, los ajustes de gasto que está aplicando el Gobierno de Griñán podrían tener que mantenerse hasta 2015. Esta nueva deuda contraída con Madrid, además, condicionará inevitablemente los próximos presupuestos autonómicos.