LAS crisis tienen algunos efectos positivos, como la mayor conciencia de la limitación de los recursos públicos y la necesidad de utilizarlos eficientemente. Como consecuencia de ello, la austeridad presupuestaria, a la que inevitablemente se ha visto obligado el Gobierno, ha abordado la reformulación de algunas políticas de gasto que venían manteniéndose de manera inercial desde hace décadas sin que en el presente se justifiquen racionalmente. Es el caso de la política de viviendas, para la que la ministra del ramo anunció a finales de julio la supresión de los incentivos a la construcción y compra de viviendas protegidas y su reorientación hacia ayudas al alquiler y la rehabilitación de inmuebles.

Comparto la oportunidad del artículo 47 de la Constitución que establece el "derecho a una vivienda digna y adecuada", pero no su confusión con el "derecho a la propiedad de una vivienda", pues no es socialmente justo que con los impuestos de algunos ciudadanos (que pueden no tener capacidad para adquirir una vivienda) se financie a otros la compra de un inmueble.

Además, la oferta de viviendas de protección oficial (VPO) nunca podrá cubrir la demanda, estimándose entre el 1 y el 2% la demanda satisfecha en España. En la selección de los agraciados ha predominado el método del sorteo, lo que constituye una aberrante pedagogía pública al hacer depender del azar algo tan decisivo en la vida de una familia como la vivienda. Por otra parte, dado el amplio colectivo potencialmente beneficiario, esta pretendida política redistributiva incurre en una desviación de destinatarios, ya que no son necesariamente los más necesitados, sino los que tienen la suerte que les toque la lotería y además tienen capacidad para financiar la parte del coste que le corresponda. Y todo esto en el supuesto de que se hayan superado las corruptelas en la selección de los beneficiarios. La injusticia de este tipo de política se acentúa al asignar una vivienda para toda la vida cuando la renta limitada del beneficiario puede ser un hecho temporal superable con un empleo mejor remunerado o la percepción de otras rentas.

Otras disfunciones de esta política se derivan de la contradicción entre las razonables limitaciones a la transmisión o alquiler de las VPO y la variada casuística que en la práctica pueden justificar la venta o arrendamiento, lo que propicia múltiples fraudes, a lo que debe sumarse su efecto negativo en la movilidad de los trabajadores, ya que un parado propietario de una VPO no se sentirá estimulado a abandonar su vivienda, mientras que tiene que emplear una parte significativa de su sueldo para pagar un alquiler.

Estas razones y los elevados recursos públicos que consume justifican que la tradicional política de VPO en propiedad sea injusta e ineficiente, que organismos económicos internacionales la desaconsejen y que los gobiernos de la Unión Europea la vayan sustituyendo por otras políticas de vivienda. Entre éstas, el alquiler de viviendas sociales es el más habitual, alcanzando en algunos países del centro y norte de Europa más del 15% del parque de viviendas, mientras que en España es una realidad anecdótica. No obstante, dada la dificultad de gestión pública de este tipo de viviendas, los elevados recursos públicos que exigirían y la existencia de un elevado stock de viviendas sin vender, es más recomendable una política que subvencione parte del alquiler de viviendas libres y que sea de carácter temporal y revisable.

En este contexto no parece muy razonable que el Gobierno andaluz se enfrente a la reorientación de la política del Ministerio de la Vivienda e, incluso, promueva un frente común con sindicatos, patronal de la construcción y ayuntamientos contra la retirada de ayudas para los compradores y promotores de VPO. Cierto que la política de VPO ha sido una de las banderas tradicionales de los sucesivos gobiernos regionales (lo que le llevó a aprobar una ley en la que la vivienda sería un derecho exigible y a convertir el Pacto de la Vivienda en una de las principales bazas electorales), pero si el cambio de orientación de la política de vivienda del Gobierno de la nación es oportuno, más lo es en Andalucía donde los más bajos indicadores de desarrollo y el mayor azote de la crisis económica exige una aplicación más eficiente de los recursos financieros concentrándolos en actividades que impulsen la competitividad y, por ende, el empleo y la renta, y no en subsidiar más viviendas que es lo que sobra.

Entre los múltiples factores que determinan el mayor desarrollo relativo de unas comunidades respecto a otras se encuentra la calidad de las normas y las políticas públicas. El empecinamiento en políticas periclitadas no es lo más conveniente para mejorar nuestra realidad económica y social.