ALGUNOS son los inconvenientes que presenta la celebración conjunta de las elecciones andaluzas y generales, todos los cuales se resumen fundamentalmente en que la campaña deriva de manera inevitable hacia los asuntos de carácter nacional, relegando el debate de las cuestiones que preocupan en exclusiva a Andalucía a un segundo plano. Sin embargo hay también ventajas, como hemos podido comprobar esta semana al escuchar en Barcelona al nuevo cerebro económico del PP, Manuel Pizarro.

Arropado allí por la elite empresarial catalana, afirmó que a la hora de pergeñar el futuro modelo de financiación de las autonomías sería bueno conocer cuáles son las balanzas fiscales de cada una de las comunidades, esto es, cuántos impuestos se pagan al Estado en cada una de ellas y cuánto de ese dinero vuelve en forma de inversiones y de gasto a cada territorio. Pizarro se mostró "encantado" con la posibilidad de que esas balanzas se hagan públicas.

Ni qué decir tiene que los andaluces nos jugamos mucho en este debate. Con ocasión de la reforma del Estatuto catalán, el Gobierno de la Generalitat ya hizo sus cuentas -existe, de hecho, un prolijo informe del conseller Antoni Castells al respecto- para llegar a la conclusión de que su comunidad es "castigada" en este Estado de las Autonomías en el que la solidaridad y la igualdad son principios básicos. Los nacionalistas catalanes fracasaron entonces en su tentativa de lograr una suerte de concierto económico similar al vasco, hasta el punto de que ERC optó por no respaldar dicha reforma, pero consiguieron, eso sí, una cláusula por la que las inversiones del Estado en infraestructuras durante siete años serán en Cataluña equivalentes al peso de su PIB. Dicho de otro modo, hay que invertir más allí donde hay más riqueza.

Como recordamos, dicha cláusula del Estatuto de Cataluña fue recurrida con una sólida argumentación ante el Tribunal Constitucional por el PP, pero resulta ahora que este adalid del neoliberalismo que es Manuel Pizarro, además de recuperar el insultante discurso de los andaluces subsidiados, se ha aliado con aquéllos que intentan poner en solfa nuevamente los pilares de la cohesión territorial, obviando el principio fundamental de que son los ciudadanos y las empresas, no las comunidades autónomas, quienes pagan los impuestos y que estos últimos van a una caja común por razones que se explican en el artículo 2 de la Constitución, el cual consagra la "solidaridad" entre todas las nacionalidades y regiones. El mismo que el PP invoca en su recurso contra el Estatut.

Afortunadamente, en el PP hay voces sensatas como la del jerezano Miguel Arias Cañete -además de economía, hay que saber de política y de campañas electorales- que han sabido ponerle a Pizarro los puntos sobre las íes. Por lo que se refiere a Andalucía, ya sabemos cuál de los dos nos convendría como futuro ministro de Economía y Hacienda.

Más extraña es la reacción de Javier Arenas, quien lejos de desautorizar a Pizarro afirma que éste no dijo lo que dijo. Tampoco lo hizo hace dos semanas con Esperanza Aguirre después de que la presidenta madrileña aludiese a la Andalucía "clientelar, conformista y adocenada". Quizá Arenas esté anteponiendo los pactos que Mariano Rajoy pueda firmar tras las elecciones con los nacionalistas a sus propias expectativas como candidato a la Presidencia de la Junta. Lo bueno de la coincidencia electoral es que permite someter los discursos a la prueba del contraste, aunque algunos a veces no la superen.