LA vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, va a convocar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para concretar, en lo que se refiere a estas instituciones, el plan de reducción del déficit público al que se ha comprometido ante la Unión Europea (bajarlo del 11,4% del PIB con que concluyó 2009 al 3% en cuatro años). Se trata de implicar a autonomías y municipios en la necesaria austeridad que demanda la grave crisis económica que atraviesa España por la vía del recorte de los gastos públicos. Aunque el Gobierno estima que la Administración central no está sobredimensionada, ha prometido la no reposición de las vacantes que se vayan produciendo en el empleo público y un drástico programa de ajuste en una veintena de empresas públicas dependientes de la Sepi (Astilleros, Hunosa, Mercasa...). Quizás no es suficiente, pero marca un camino que ahora pretende que sea compartido por las restantes administraciones. Salgado ha hablado incluso de la posibilidad de aplicar mecanismos de sanción a las comunidades y ayuntamientos que no cumplan los objetivos de austeridad que van a pactarse. La construcción del Estado de las Autonomías y la propia gestión de las comunidades, en manos de gobiernos presididos por partidos distintos, constituyen una dificultad objetiva para la concreción de este plan y, más aún, para su cumplimiento. La propia inercia de las administraciones autonómicas y locales, acostumbradas a crear organismos, y también a no gravar con impuestos propios a sus ciudadanos, hace difícil que este programa pueda salir adelante. Sin embargo, resulta imprescindible. Al igual que las familias, en caso de dificultades económicas, tienen que prescindir de algunos gastos y atenerse a no recortar en lo básico, también todas las instituciones que integran el Estado aparecen obligadas a ajustarse el cinturón y aquilatar al máximo cada euro que se gasta, que, conviene no olvidarlo, sale del bolsillo de los contribuyentes. Es la hora del sacrificio para todos. Nadie debe escaquearse en una política de austeridad que se impone para tratar de salir del atolladero. Hace falta patriotismo.