UNA de las primeras sorpresas que te llevas en los centros comerciales de Estados Unidos es que cruzas el departamento de ferretería y de pronto llegas al de las armas. Y allí te encuentras a unos señores que están comprobando la mirilla de una escopeta o el cargador de una pistola. Nosotros, por fortuna, no estamos acostumbrados a estas cosas, pero muchos americanos están convencidos de que no sabrían vivir sin un arma en su casa, o incluso sin un buen arsenal.

"En muchos lugares de este país es más caro comprar un libro que un arma de fuego", ha dicho esta semana el presidente Obama en un acto en el que pidió, una vez más, un mayor control en la venta de armas. Pero esa lucha es muy difícil porque el uso de armas es un derecho constitucional en Estados Unidos y no puede ser derogado a menos que se produzca una compleja reforma constitucional. Y peor aún, millones y millones de ciudadanos votan a los candidatos que les garantizan que ese derecho va a seguir en vigor. Así que todos los que aquí se llenan la boca con la defensa a ultranza de la democracia radical y del derecho a decidir -desde la independencia de Cataluña hasta la ubicación de los veladores en una plaza- deberían reflexionar un poco sobre este asunto de la venta de armas. Porque el derecho a llevar armas está garantizado por la segunda enmienda constitucional introducida en 1791. En su momento, ese derecho se fundaba en la idea de que los ciudadanos pudieran formar milicias armadas para oponerse a un posible golpe de estado militar. Se trataba de oponerse a la tiranía, y sólo eso. Pero como en todos estos años nadie se ha preocupado de cambiar esta norma, muchos ciudadanos la consideran un derecho inalienable. Y el Estado, impotente, no sabe cómo derogarla, por muchos crímenes violentos que se cometan por su culpa.

Los que defendemos que hay principios morales que están por encima de cualquier decisión democrática -la supresión de la pena de muerte, la solidaridad interterritorial, el derecho a la sanidad y a la educación gratuitas- sabemos muy bien que debe haber unos límites estrictos a los derechos colectivos. No todo es opinable y no todo es aceptable. Por nuestro bien, el derecho a decidir debe tener límites. Y si no, que les pregunten a las americanos sensatos que se horrorizan al cruzar el pasillo del supermercado que lleva a la sección de venta de armas.

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