LA polémica labor instructora de la juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos de la Junta de Andalucía, salió ayer notablemente reforzada por el auto de la Audiencia de Sevilla que confirma la imputación de la ex consejera Magdalena Álvarez, actualmente vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, uno de los cargos más relevantes de la escena internacional ostentados por un ciudadano español. Es de destacar que la propia Audiencia había rechazado una primera imputación de Álvarez, el año pasado, porque Alaya no había concretado los hechos delictivos que le atribuía. En esta segunda ocasión, por el contrario, la Audiencia ha ratificado plenamente el relato de la instructora, basado en que Magdalena Álvarez era consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía cuando puso en marcha el mecanismo de las transferencias de financiación con el que se sorteó el procedimiento administrativo ordinario de control de las ayudas y subvenciones concedidas a empresas en crisis. Es decir, el instrumento del que se valieron los imputados -más de 160 individuos, entre cargos públicos de alto nivel de la Administración autonómica, intrusos, comisionistas, sindicalistas, aseguradoras y bufetes de abogados- para desviar fondos públicos en cantidades millonarias de modo ilícito. La imputación de Álvarez es por presuntos delitos de prevaricación y malversación, y la Audiencia viene a confirmar que fue su actuación política la que propició el fraude de los ERE, que se desarrolló durante diez años y con otros consejeros al frente de Economía y de Empleo, pero tuvo su origen en la normativa que ella impulsó y que el Gobierno andaluz en su conjunto continuó aplicando a pesar de las quince advertencias formuladas por la Intervención General sobre las irregularidades que implicaban y su inadecuación a los cauces legalmente establecidos para la política de subvenciones. En definitiva, la Audiencia viene en esta ocasión a darle la razón a la juez Mercedes Alaya, después de haberle rectificado y reprendido en autos anteriores. La imputación de la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones representa un salto cualitativo en la instrucción del caso ERE en el ámbito político, en el que aún está pendiente de definir la situación procesal de un numeroso grupo de personajes políticos que gozan del aforamiento por su condición de diputados y senadores, aforamiento que implica la remisión de la parte del sumario que les afecta a tribunales superiores. Algo a lo que se ha resistido tenazmente Alaya, cuya instrucción se vio ayer avalada totalmente en lo que se refiere a la ex consejera de Hacienda que promovió las transferencias.