CUANDO los informes medioambientales del dragado de la ría del Guadalquivir vienen anunciando los graves impactos que se producirán sobre los ecosistemas fluviales del bajo Guadalquivir y desembocadura, resulta muy sorprendente y perversa la intención de licitar las obras del dragado completo del río, como ha anunciado el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla. El divorcio ambiental de la Autoridad Portuaria con la ría y estuario del Guadalquivir no puede continuar más tiempo.

Vuelve a ser noticia preocupante que un organismo público se constituya en república independiente y no considere las directrices del grupo de científicos más importante a nivel europeo en dinámica fluvial, después de conocer la precaria situación de la dinámica fluvial de la ría y estuario del Guadalquivir. Cuando los resultados del estudio no resultaron ser satisfactorios a sus expectativas se arrepienten de haberlos encargado por demostrar los parámetros que evidencian la pésima situación actual de la ría, y los graves perjuicios que conllevaría la ejecución del dragado.

La incidencia de los dragados anteriores ya viene padeciéndose por los pescadores de Sanlúcar y Chipiona, históricamente dependiente de los recursos turísticos y ambientales generados por el estuario, que han visto reducir de forma alarmante las capturas y los puestos de trabajo, sin que nadie les haya explicado que está pasando en la ría. Fueron los científicos y no otros los que se presentaron en Sanlúcar de Barrameda y explicaron públicamente consecuencias de los efectos del dragado continuo, que ha venido desarrollando con escasa transparencia la Autoridad Portuaria. Sirva como ejemplo la disminución de capturas de langostinos en Sanlúcar, poniendo en peligro la referencia turística y gastronómica de la comarca, sustento de muchos trabajadores, y las afecciones a la estabilidad de sedimentos de la playa de Sanlúcar de Barrameda, con el resultado de la desaparición de la playa con las mareas vivas.

El abandono de la política de equilibrio simultáneo entre actividades confluyentes ha alejado a la Autoridad Portuaria de la realidad social. Quizás porque negociar con todos los agentes implicados no sea costumbre habitual en nuestra peculiar democracia, donde escuchar no siempre resulta ser plato de buen gusto cuando no se quiere entender. Es tarea que requiere esfuerzo, más talante, y más capacidad de gestión, y por ello, es preferible entonces encontrar otros derroteros más cómodos y seguros.

La política turística asociada al valor del río Guadalquivir y Doñana da muchos más puestos de trabajo que el hecho diferencial de poder entrar barcos un poco mayores de calado. No se puede consentir que organismos públicos vayan por libre como autenticas repúblicas independientes, cuando nos estamos jugando mucho si tomamos la decisión equivocada.

Pedir responsabilidades técnicas y políticas es lo ajustado al funcionamiento de una institución en nuestro estado de derecho, donde los responsables están obligados a la participación pública de todos los implicados, porque todos y no solo la Autoridad Portuaria son responsables del buen estado ecológico del río. La denuncia ante las autoridades europeas está cantada -se invoca el desarrollo cuando se trata de todo lo contrario y además con dinero europeo- al poner en tela de juicio el equilibrio ambiental soporte de muchos más puestos de trabajo que los generados por el propio Puerto de Sevilla. Afortunadamente hay muchas probabilidades de que se pare la licitación cuando llegue a Bruselas. El Gobierno andaluz también debería tomar nota pronto. La Autoridad Portuaria tiene que saber que el dinero que gestiona no es suyo, ni responde a intereses privados, es de todos los andaluces, y por extensión, de los españoles.

Devolver el equilibrio a la ría es urgente, para abrir puertas y muros en Doñana y aumentar el volumen generado entre la marea entrante y vaciante. También para poder mantener la canal de navegación de manera natural, para lo que no serán tan imprescindibles los dragados de mantenimiento.

La equivocada política del avestruz tiene los días contados. Si no están a la altura de las circunstancias que dimitan y sean sustituidos por savia nueva y sensible, que alumbre con coherencia y comprensión la problemática de un territorio frágil y vulnerable, que afecta a una parte muy importante del territorio andaluz, donde las actividades medioambientales y turísticas son claves para la imagen exterior de Andalucía, asuntos ampliamente superiores a la propia actividad portuaria de Sevilla.