La esquina

josé / aguilar

Autoridades en aula y hospital

EL último jueves de marzo más de tres cuartos de millones de españoles recibieron la protección que venían largamente reclamando para desarrollar su trabajo en condiciones. La reforma del Código Penal, cuestionable en algunos aspectos, resultó muy positiva en este otro: la consideración de sanitarios y docentes como autoridades digna de respeto y consideración.

Esto afecta a dos colectivos que realizan una importante labor social y aglutinan al cuarto de millón largo antes citado, los profesionales de la salud y de la enseñanza. Una enmienda al artículo 550 del Código Penal establece que "son actos de atentado contra la autoridad los cometidos contra funcionarios docentes y sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas".

La reforma no puede ser más de justicia para con médicos, enfermeros y enseñantes, sufridores de constantes agresiones en ambulatorios, hospitales y colegios a cargo de usuarios iracundos o familiares energúmenos que traducen en violencia su descontento con los servicios recibidos. Un problema grave y creciente. Ahí va un dato: en los últimos cinco años se han contabilizado más de dos mil agresiones a médicos en toda España. Agresiones físicas, se entiende. El nuevo Código Penal no da respuesta a los insultos, amenazas y coacciones que los trabajadores de la salud y de la enseñanza reciben a diario. El legislador se ha quedado corto.

De todos modos, la importancia de este cambio normativo radica en que generaliza lo que ya estaba contemplado en varias comunidades autónomas y extiende la abundante jurisprudencia nacida de tribunales sensibilizados ante el problema. Generaliza, y homogeneiza: todos estos actos de violencia cerril serán contemplados como atentados a la autoridad y considerados delitos, con penas de uno a cuatro años de cárcel. Sí, es una legislación puramente represiva, pero destinada a individuos que merecen ser reprimidos. No sólo son violentos, es que lo son directamente contra personas que se ocupan de curar a sus semejantes y enseñar a los que no saben.

No son profesiones cualesquiera. Si malo es agredir a un ciudadano común, peor debe ser agredir a aquellos cuyo trabajo consiste en atajar la enfermedad o en quitar telarañas de las cabezas. Dos labores prioritarias en toda sociedad civilizada.

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