HAY quienes sostienen que los juzgados se asemejan a los casinos porque uno no sabe si saldrá de allí rico o con un agujero en la cuenta corriente. Todo es posible. Esta semana un juzgado ha condenado con una multa al ex portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, por injuriar al polémico doctor Montes llamándole "nazi" en las tertulias de 59 segundos y La noria. Lo carpetovetónico del fallo judicial radica en el hecho de que se condena solidariamente a TVE y Telecinco al pago de una indemnización de 30.000 euros porque Rodríguez soltó las injurias en sus programas. Si la sentencia sigue adelante, cosa harto improbable, creará una jurisprudencia por la que, mismamente, se podrá condenar a los fabricantes de coches por las muertes que causan sus vehículos o a las empresas de navajas de Albacete por las víctimas que se cobran en reyertas.

Al margen del controvertido Rodríguez, no deja de tener su aquel que éste pague el pato de programas como La noria donde los exabruptos, insultos, acusaciones y desvaríos de sus invitados son tan previsibles como pronosticar qué famosa ocupará el mes que viene la portada de la revista de Ana Rosa Quintana. Una tertulia, ya sea política o del corazón, es terreno abonado para la polémica. Multar desde un juzgado a la cadena por las declaraciones de los invitados supone una barbaridad y un sinsentido, como el acuerdo judicial de ida y vuelta que ha posibilitado las vacaciones sine die del etarra Troitiño. Y en este escarnio, que se sepa, no ha pagado nadie el pato.

Desde tiempos inmemoriales, siempre que el poder político reclama autorregulación a las cadenas tras un escándalo televisivo, los operadores agachan la cabeza y hacen propósito de enmienda. Pero todo queda en agua de borrajas. El legislador se achanta ante el poder e influencia de las empresas televisivas o, llegado el caso, por la cercanía de una convocatoria electoral. Ya se sabe que televisión y política forman quizá el más perfecto de los matrimonios de conveniencia: no legisles en mi contra a cambio de un no me atices en tus informativos. Las cadenas pasan olímpicamente de la autorregulación y se toman generalmente a pitorreo las recomendaciones audiovisuales que manan del Gobierno central o el autonómico, de Bruselas, el tribunal de la Haya o del Palmar de Troya. Las sanciones que Industria impone son tan escuálidas que se pagan con dos spots de prime time. Y, claro, sale barato saltarse la ley. Quizá sea el momento de pensar en castigos que duelan más, tipo una hora sin emitir publicidad o un carné por puntos similar al de conducir: a mayores infracciones, menos puntos y, si te quedas sin crédito, castigo al canto. La autorregulación no duele, la cuenta de resultados, sí.