La tribuna

ana M. Carmona Contreras /

Avanzando hacia el precipicio

LA más famosa escena de la película Rebelde sin causa, magistralmente dirigida por N. Ray, relata la afición de sus protagonistas, unos jóvenes norteamericanos de los años cincuenta del siglo pasado que, deseosos de mostrar quién llega más lejos en su valor, llevan a cabo una carrera de automóviles en las proximidades de un acantilado. Ganaba aquel muchacho que mostraba una mayor aptitud para detener su marcha lo más cerca del borde del precipicio y frenaba más tarde. El que no era capaz de controlar esa milésima de segundo que marcaba la frontera entre seguir vivo o perder la vida, se arrojaba irremisiblemente al vacío.

En un caso, el vencedor (un James Dean en la antesala directa del mito), merecía la rendida admiración de sus compañeros que, obviando la temeridad irresponsable del comportamiento desarrollado, subrayaban el arrojo y la valentía demostrada. El que terminaba sus días estrellado en el fondo del acantilado era loado como héroe caído, igualmente valeroso, pero marcado por la fuerza de un destino adverso que no permite más opción que la cruda disyuntiva entre la victoria o el fracaso. Hasta aquí la referencia a una escena cinematográfica que, atendiendo a sus elementos configuradores, resulta muy adecuada para reflexionar en torno al complejo momento en el que se encuentra el conflicto secesionista catalán.

El hecho es que la larga pugna que mantienen los gobiernos catalán y central a cuenta del referéndum por la independencia ha experimentado en estos días un agravamiento exponencial. La aprobación por el Parlament de Cataluña de la ley de consultas populares ha provocado el inmediato -y anunciado- rechazo por parte del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy, que ha procedido a impugnarla ante el Tribunal Constitucional. Por su parte, el TC, aplicando lo previsto por la Constitución, ha decretado la suspensión cautelar de dicha norma y de este modo la consulta convocada por Artur Mas para el próximo 9 de noviembre ha quedado desprovista de base legal de referencia y, por lo tanto, carente del apoyo normativo necesario para llevarse a cabo.

Los conductores de los respectivos vehículos están, pues, pisando a fondo el acelerador y están acercándose cada vez más al peligroso borde del precipicio. Y en tan peliaguda situación, ambos conductores no se apartan un ápice de su ruta, esgrimiendo los recurrentes argumentos justificadores tantas veces utilizados: desde la Generalitat se apela al valor superior de la voluntad de la sociedad catalana, que reivindica su derecho a pronunciarse, sin que pueda quedar supeditada al cumplimiento de las reglas constitucionales vigentes. El Gobierno central, a su vez, continúa instalado en un discurso eminentemente jurídico, centrado en exigir el debido respeto a las normas establecidas. Estamos, seguimos estando, en la lógica de las marchas paralelas incapaces de reconducir su rumbo y buscar un punto de intersección en el que el acuerdo sea factible. No hay reflexión, ni tiempo muerto, ni marcha atrás. Completa la escena una Esquerra Republicana que, en su habitual papel de rechazo del orden establecido, llama directamente a la desobediencia civil de los catalanes. En tales circunstancias, el riesgo de que se produzca el tan temido despeñamiento al abismo por parte no de uno sino de los vehículos que participan en la carrera, ha dejado de ser un mero futurible para cobrar visos de posibilidad cierta.

El caso es que si no se frena y se hace un esfuerzo real por ambas partes de replantear la cuestión, el panorama que se vislumbra resulta desolador: porque si Mas sigue adelante, la fractura en el seno de la sociedad catalana estará definitivamente servida. Por no hablar de la frustración que experimentará buena parte de la misma ante la imposibilidad de participar en la consulta. Al hilo de tal constatación, parece que la única vía transitable por la Generalitat pasaría por convocar unas elecciones plebiscitarias, en tanto que cauce alternativo que permitiría medir la implantación real de las aspiraciones independentistas en el electorado catalán.

Por su parte, el Ejecutivo central debería asumir una actitud decididamente más empática ante la evidente crisis de legitimidad que sufre el sistema político en Cataluña. Porque, se quiera admitir o no por el gobierno estatal, resulta indudable que hay un problema de encaje de dicha comunidad en España para el que la Constitución no ofrece respuestas. Ha llegado, pues, el momento de abandonar la retórica y abrir vías de diálogo que permitan acercar posturas por ambas partes. Y eso, pasa necesariamente por acometer una reforma constitucional. De lo contrario, los vehículos ya no tendrán tiempo para frenar y terminarán por caer irremisiblemente al vacío.

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