LA Junta de Andalucía ha puesto en marcha el Portal de la Transparencia, una plataforma en internet que permitirá al ciudadano un acceso libre, gratuito y anónimo a todos los datos que reflejan la actividad de la Administración autonómica a todos los niveles. El Portal quedará completado el próximo 30 de junio, cuando entre plenamente en vigor la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, aprobada por el Parlamento mediante una insólita unanimidad de las tres fuerzas políticas representadas en la Cámara en el momento de su aprobación. A modo de rodaje, el Gobierno andaluz ha incorporado ya alrededor de doscientos mil datos, entre los cuales se encuentran las ayudas a entidades sin ánimo de lucro, contratos a empresas de mantenimiento o subvenciones al transporte. La idea es ir incorporando paulatinamente todos los demás datos de la actividad de la Junta, que se actualizarán de modo automático y que podrán ser descargados: presupuestos, ejecución de los mismos, planes y programas, normativas, empleos públicos, altos cargos y publicidad institucional, entre otros. En el polémico capítulo de las contrataciones de la Administración, se podrán conocer el objeto y el tipo de cada contrato, el perfil del contratista, la tramitación, el proceso de adjudicación y los importes. En resumidas cuentas, se trata de un paso adelante en la transparencia de la acción de los gobernantes que permitirá a los andaluces conocer al detalle cómo y en qué se emplea el dinero que sale de sus impuestos. Un serio avance, en definitiva, en el control de la Administración por parte de los administrados y, de alguna manera, en la participación política de los ciudadanos, que necesitan toda la información existente para saber qué hacen sus gobernantes y tomar las posturas pertinentes sobre los asuntos públicos que les atañen y les condicionan. La unanimidad de PP, PSOE e IU en el proceso de debate y aprobación de la ley no es baladí: si por un lado, refleja el compromiso de todos los representantes políticos con la transparencia que exige una sociedad moderna e interesada, por otro también supone una garantía de futuro. Quiere decir que independientemente de los vaivenes políticos y electorales, nadie podrá caer en la tentación de volver a los tiempos de la opacidad y la subordinación del ciudadano corriente a los designios e intereses de los gobernantes de turno. No hay marcha atrás, pues, en el camino que conduce a una Administración andaluza oscura y renuente a rendir cuentas a aquellos a quienes representa y a cuyo servicio se encuentra por definición. Andalucía ha dado un paso adelante. Beneficia a todos y moderniza las relaciones entre gobernantes y gobernados.