LA ley que anuncia el Gobierno andaluz contra el fraude social responde a una antigua preocupación de quien lo preside. Hace años, en efecto, que José Antonio Griñán viene mostrando su inquietud por la manga ancha con que la Junta gestiona el amplio abanico de subvenciones, bonificaciones y demás ayudas públicas que los largos años de bonanza económica han permitido.

La laxitud en la aplicación de las políticas sociales, que con frecuencia tiene un significado netamente paternalista y clientelar, se materializa a base de relajar los controles o fijar criterios demasiado amplios para su percepción. El cambio normativo que ha prometido la consejera de Presidencia, Susana Díaz, sirve de ejemplo: al conceder prestaciones públicas en función exclusiva de los niveles de renta de los beneficiarios se hace posible que las reciban personas o familias que disponen de notables patrimonios.

Cuando entre en vigor la ley prevista, bastará con examinar las fincas, casas, dinero u otros bienes de muchos demandantes de becas y otras pagas -o paguitas, en expresión más popular- para aligerar el censo de receptores. Y para hacer justicia, que es lo más importante, ya que cada paga que llega a alguien que no la merece es una paga que no llega a quien la necesita. Este principio debería valer siempre y en toda circunstancia, pero se impone mucho más cuando los recursos públicos escasean y, a la vez, la precariedad aumenta.

Conviene deshacer dos equívocos que planean sobre todas las medidas de auxilio a los sectores sociales desfavorecidos. Uno, que el dinero del Estado -o de la Junta de Andalucía, en este caso- no es de nadie y además es ilimitado, de manera que basta con abrir la caja para cubrir no importa qué y cuántas necesidades se presenten. Dos, que lo progresista es siempre rebajar las condiciones exigidas para acceder a las ayudas sociales y que, en cambio, fijar condiciones estrictas y vigilar su cumplimiento es siempre reaccionario y contrario al progreso. Yo pienso lo contrario: el rigor no castiga a los pobres, sino a los falsos pobres.

Eso, sin contar con el elemento de desvertebración y desmoralización que supone la arbitrariedad en el reparto de ayudas que se origina en esta relajación de los criterios con que se conceden. Tanto para los que tendrían legítimo derecho a recibirlas como para los contribuyentes de cuyos bolsillos salen para destino tan impropio.