LOS hitos que marcan el comienzo de nuestra actual democracia fueron las elecciones generales del 77, la Constitución del 78 y, culminando el proceso democratizador, las elecciones municipales del 3 de abril del 79. Ese día la democracia se hizo realidad en el territorio, en los centros más cercanos y vitales para la ciudadanía. El pluralismo, la diversidad y la representatividad se instalaron en España y la ciudadanía empezó a ver en sus Ayuntamientos que la democracia era algo tangible.

Hoy, noqueados por una crisis económica y política de consecuencias imprevisibles, en vez de ponernos junt@s a resolver los graves problemas que sufren tantas personas, los creamos nuevos, atacando los pilares de la democracia municipal, proponiendo una reforma de su ley reguladora sin sentido, porque no la va a hacer más eficaz ni eficiente.

La excusa, cómo no, es la reducción del déficit del que la Administración local no es responsable, no suma ni el 5% del de todas las administraciones públicas. En Andalucía desaparecerían hasta 40.000 representantes públicos y se eliminará la dedicación exclusiva de alcaldes/alcaldesas de municipios menores de 1.500 habitantes, aunque se permita que, en ciudades de más de 500.000 habitantes, ganen como un secretari@ de Estado.

Pero lo más grave es que las decisiones que afectan al día a día de las personas, a su bienestar, dejaran de emanar directamente de los ayuntamientos para pasar a ser competencia de instituciones conformadas sin el voto directo de la ciudadanía, como son las diputaciones. ¿Cuándo se podrá hacer un debate sincero sobre el papel que estas instituciones tendrían que cumplir? O pasaran a ser objeto del tráfico privado ajeno al control público, en un modelo que se aparta de esa necesaria transparencia que decimos buscar y que tanta falta hace.

No habrá quien gestione ese deporte de base y ocio tan necesario, ni la cultura esencial para la vida, no podrán buscar algo de empleo vital para la supervivencia; se acabarán las políticas de igualdad y la atención que se presta a las víctimas de la violencia de género; no tendrán ni una mínima competencia en materia de educación y sanidad y así suma y sigue; se provocará un nuevo desplazamiento del campo a la gran ciudad porque tendrán mejor cartera de servicios públicos. ¿Es esto bueno? ¿Es proporcional, justo y necesario? ¿Por qué no buscamos algo de aquel consenso tan necesario hoy como lo fue en 1979? Cada día estamos más perdidos.