Hace más de cinco años que se adjudicó el concurso minero internacional para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. El yacimiento se encontraba en una situación crítica tras el abandono de Boliden, obligando a la Junta de Andalucía a gastar más de 90 millones de euros en los pasivos ambientales, es decir, en el coste de mantenimiento de las instalaciones para evitar daños al medio ambiente.

Desde su arranque, el proyecto se ha visto arrastrado a una maraña judicial tanto en la vía penal como en la contencioso-administrativa. Suspendida la tramitación de esta última a la espera de la resolución penal, el proyecto se envuelve en un escenario de incertidumbre, provocando la frustración de toda la comarca por las expectativas de empleo y desarrollo que justificadamente suscita la explotación del yacimiento.

Sin embargo, la tramitación judicial de este asunto viene revelando la inconsistencia de los argumentos de la recurrente, Emerita Resources (la Fiscalía ha vuelto a solicitar el archivo de la causa penal), y su incapacidad real para llevar adelante el proyecto. Se han alzado ya muchas voces, poniendo de manifiesto el carácter meramente especulativo y dilatorio que persiguen estos procesos. Lo único que se ha logrado es enturbiar y bloquear el inicio de la actividad minera con una maraña de recursos y de actuaciones procesales que retrasan una y otra vez la culminación de estos asuntos. El tiempo transcurrido invita a poner punto y final a todo este episodio, y despejar definitivamente las dudas que se hicieron recaer sobre la adjudicación del yacimiento.

Desde la adjudicación del concurso, la empresa Minera Los Frailes asumió los pasivos ambientales y comenzó los trabajos de investigación y tramitación del proyecto. Hasta hoy, los gastos superan los 40 millones de euros: 13 de ellos, en los pasivos ambientales, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas. La previsión es crear más de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos, durante al menos 20 años, con una inversión inicial superior a los 300 millones de euros, un sistema de explotación subterráneo (no a cielo abierto) que evita decantar residuos a una balsa de lodos (de nefasto recuerdo), y con una inversión final tras la explotación de 55 millones de euros para rehabilitación, mejoras ambientales y cierre de la mina.

El escenario económico derivado de la pandemia es sencillamente pavoroso. Necesitamos impulsar y poner en funcionamiento proyectos generadores de riqueza y empleo. Todos los operadores deben esforzarse por agilizar los procedimientos administrativos y judiciales implicados en el inicio de actividades económicas. La suspensión de la tramitación administrativa y judicial derivada del estado de alarma ha llevado a una acumulación de asuntos, sobrecargando las instancias. Pero de alguna manera debe ser posible culminar con la mayor celeridad todos estos procedimientos y despejar definitivamente la situación. Con todo el rigor y profundidad que caracteriza a nuestra Administración de Justicia, y con preservación de todas las garantías sustantivas establecidas en la legislación vigente desde el punto de vista ambiental, urbanístico y minero, pero con la celeridad que requieren las circunstancias, deberíamos despejar cuanto antes el futuro de la mina de Aznalcóllar.