LA dimisión de Ana Mato como ministra de Sanidad, tras ser señalada por el juez Ruz como beneficiada por los actos ilícitos de su ex marido, Jesús Sepúlveda, aunque no imputada y sólo con responsabilidad civil, no penal, era un paso casi obligado en la tarde del miércoles pasado, dado que el jueves por la mañana el presidente del Gobierno iba a abordar en el Pleno del Congreso un debate sobre la corrupción. De no haber dimitido horas antes, la protagonista del debate, aunque también tuvo sus referencias, hubiese sido ella. De ahí que, bien por voluntad propia, o por indicación del propio Rajoy, la decisión de dejar la cartera ministerial fue acertada y oportuna, además de necesaria, para no afilar más los cuchillos de los adversarios políticos, que eran todos los demás.

De todas formas, los cuchillos salieron a relucir y, como era de esperar, el cruce de reproches mutuos fue el lugar común de la mayoría de las intervenciones. Normal en este caso y en este ambiente, que está llevando a que los políticos tengan que demostrar su inocencia y no que les prueben su culpabilidad. Y ese deterioro generalizado y las sospechas, sin matices, sobre la actividad política -como el mismo Rajoy reconoció- es altamente preocupante porque puede, y de hecho lo está haciendo, minar la confianza en el sistema. Cuando esto sobrepasa determinados niveles se está poniendo en peligro el funcionamiento y la credibilidad democrática de toda una sociedad.

Combatir esto debe ser, hoy por hoy, la principal preocupación de los responsables políticos, porque si no se consigue una purificación urgente del ambiente podrían convertirse en inútiles los esfuerzos que se hagan para encontrar soluciones a otros problemas que, quizás sean más trascendentes, pero menos corrosivos.

De ahí que se imponga una negociación, o un pacto, o un acuerdo, o un consenso, o como se le quiera llamar, entre los dos grandes partidos, que son los que, por historia y responsabilidades, sufren más el desprestigio. Además de las medidas anunciadas el jueves por Rajoy, hace falta que se aúnen criterios de actuación interna para descubrir, desmantelar y castigar cualquier indicio de corrupción o aprovechamiento ilícito entre sus propias filas. Es fácil descubrirlo porque, muchas veces, basta con estar atento a los signos externos. Es decir, que tienen que decidirse a no dejar pasar ni una.