Dentro de tres días, el próximo miércoles, se va a producir la que posiblemente sea, en términos políticos, la escena más grave registrada en la historia reciente de Andalucía: dos presidentes de la Junta, dos décadas de gobierno andaluz, se van a sentar en el banquillo de los acusados, acompañados por un grupo numerosos de ex altos cargos, para responder a acusaciones que tienen que ver con el manejo arbitrario y clientelar del dinero público. Es imposible determinar a prioripor dónde irá el desarrollo de la vista y la sentencia subsiguiente. También lo es, por ahora, discernir, en el caso de los ERE, dónde acaban presuntos delitos cometidos y empieza la operación política de altura diseñada para volar el todavía inexpugnable fortín socialista en el sur de España. Pero lo cierto es que los jueces de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo, de los que nadie tiene derecho a dudar de su honestidad profesional, han decidido que Manuel Chaves y José Antonio Griñán han realizado actuaciones desde la presidencia del Gobierno andaluz que los hacen acreedores de ser juzgados a partir de este miércoles. En el caso de Chaves, por prevaricación, y en el de Griñán, además, por malversación.

En este caso, las responsabilidades políticas, que fueron evidentes, están ya saldadas. Ni Chaves ni Griñán están en la vida pública ni aspiran a volver. Lo que tenían que hacer en la política está hecho. Una persona que se crió políticamente con ellos, Susana Díaz, ocupa hoy el cargo que tuvieron, por lo que cabe deducir que los andaluces no le han hecho pagar al PSOE una factura electoral demasiado abultada por los ERE. Este es un dato que se puede aplicar a los socialistas en Andalucía, pero que es trasladable al PP en el conjunto de España. La corrupción como forma de desgaste político tiene en España un alcance limitado y que no se corresponde con el ruido que se arma alrededor de ella. Quizás porque la opinión pública da por descontado que cierta suciedad es inherente al propio sistema. Explicar las razones es un reto que la sociología política todavía no ha desentrañado.

Es indudable que Chaves y Griñán abandonaron la vida pública de la peor manera posible y que una sentencia absolutoria, por lo menos para ambos -porque parece muy probable que algunos de los ex altos cargos acusados sí resulten condenados-, restablecería el prestigio de una institución como la Junta que, a raíz de este caso, ha dado muestras evidentes de paralización. Los ERE han hecho un daño a la autonomía andaluza del que todavía no se ha recuperado ni es probable que lo haga en el corto plazo. Cuando pase el juicio y tengamos una sentencia veremos hasta qué punto estábamos ante un saqueo o una causa general con fines más políticos que jurídicos.