JAVIER Arenas, ex presidente del Partido Popular de Andalucía y que de alguna forma continúa siendo el referente de esta formación política en la comunidad, tendrá que declarar el próximo martes ante el juez Juan Ruz, que investiga la supuestas irregularidades en la financiación del PP. Arenas declarará en calidad de antiguo secretario general -también han sido convocados Francisco Álvarez-Cascos y María Dolores de Cospedal- y lo hará como testigo, lo que implica exclusivamente que por razón de su cargo pudo tener conocimiento de la materia que se investiga. Su comparecencia, en la que está obligado a decir la verdad, no apunta por lo tanto a que sea responsable de ninguna irregularidad ni supone mancha alguna en su carrera política. En la tormenta de basura que rodea la vida política española, en la que todo vale para desgastar al adversario, la citación de los secretarios generales del PP se ha querido sacar de contexto y señalarla poco menos que como indicio de culpabilidad. La comparecencia de Arenas ante el juez sí da lugar, sin embargo, para señalar que en la documentación publicada sobre el caso y en las declaraciones judiciales del ex tesorero Luis Bárcenas que se han filtrado a los medios hay un buen número de referencias a actuaciones del PP andaluz y del propio Arenas que hasta ahora no han sido suficientemente explicadas. Así, y al margen de que dos de los principales empresarios imputados por haber entregado supuestas cantidades de dinero a Bárcenas sean andaluces, en las declaraciones judiciales del ex tesorero hay alusiones a la financiación con dinero B de las campañas andaluzas de 2004 y 2008 por importe de unos 138.000 euros, además de los posibles sobresueldos que habría recibido el dirigente andaluz durante su permanencia en el Gobierno. Nada le conviene menos al PP andaluz en el complicado curso político que se avecina, en el que el horizonte de unas elecciones anticipadas es una posibilidad abierta, que la sombra de dudas sobre materia tan delicada. Cuanto antes se despejen, mejor.